Esta es la filosofía que parece impregnar una reforma fiscal que permite bajar salarios y despedir sin indemnización a los nuevos operarios al finalizar el anual periodo de prueba.
En segundo lugar dar a los defraudadores la absolución aplicando un diezmo como penitencia y asistir a una procesión de Semana Santa.
Apela para activar su conciencia a un patriotismo que han demostrado pasárselo por el arco del triunfo al negarse a contribuir al esfuerzo común.
Esta es la filosofía que parece impregnar la amnistía fiscal promulgada por el Gobierno el Viernes de Dolores que, a diferencia de la amnistía penal, no está prohibida por la Constitución.
La medida es inmoral al premiar el delito sobre el estricto cumplimiento de la ley y demuestra la incapacidad del Gobierno para hacerla cumplir.
Pero lo peor de todo es su escasa virtualidad para conseguir resultados apreciables. Dudo que el Gobierno consiga aflorar los 25.000 millones que pretende de los que el Tesoro solo recibiría 2.500.
Y si lo consigue volverán a ocultarse otros tantos en espera de la próxima amnistía. La medida tendrá un poderoso efecto llamada.
La verdad es que no entiendo a los que defraudan cuando pueden eludir el impuesto por la vía legal para lo que no faltan procedimientos.
Como no sea por deportividad, por el placer de lo prohibido, por imperativo de ese contrabandista que llevamos dentro.
En todo caso no es de esperar que lo aflorado se dedique a la inversión para lo que no hay condiciones objetivas sino que se acogerá a una SICAV de casi nula tributación.
En tiempos de Zapatero se llegó a cavilar sobre la posibilidad de una medida similar y el Partido Popular se lanzó a la yugular del Gobierno tachándola de “ocurrencia” (Rajoy) y de “inmoralidad” (Cospedal).
Sí la decidió el primer Gobierno de Felipe González por sugerencia de Miguel Boyer, lo que le costó la dimisión del secretario de Hacienda José Sevilla y otras turbulencias internas.
El Partido Popular no tiene esos prejuicios. Actúa de forma “valiente” y por “responsabilidad”. Sin complejos.
José García Abad es periodista y analista político
Ecos de S.A.
Invierta por caridad, blanquee por patriotismo
José García Abad
Poco a poco se va desvelando la estrategia escondida del Partido Popular. En primer lugar dar a los empresarios todo lo que piden e incluso más de lo que se atrevían a pedir.
No por complicidad con la derecha económica como pudieran pensar los malpensados sino con la santa intención de que una vez que los empresarios se encuentren cómodos, libres de toda atadura legal o sindical, tengan la bondad de contratar trabajadores.
Esta es la filosofía que parece impregnar una reforma fiscal que permite bajar salarios y despedir sin indemnización a los nuevos operarios al finalizar el anual periodo de prueba.
En segundo lugar dar a los defraudadores la absolución aplicando un diezmo como penitencia y asistir a una procesión de Semana Santa.
Apela para activar su conciencia a un patriotismo que han demostrado pasárselo por el arco del triunfo al negarse a contribuir al esfuerzo común.
Esta es la filosofía que parece impregnar la amnistía fiscal promulgada por el Gobierno el Viernes de Dolores que, a diferencia de la amnistía penal, no está prohibida por la Constitución.
La medida es inmoral al premiar el delito sobre el estricto cumplimiento de la ley y demuestra la incapacidad del Gobierno para hacerla cumplir.
Pero lo peor de todo es su escasa virtualidad para conseguir resultados apreciables. Dudo que el Gobierno consiga aflorar los 25.000 millones que pretende de los que el Tesoro solo recibiría 2.500.
Y si lo consigue volverán a ocultarse otros tantos en espera de la próxima amnistía. La medida tendrá un poderoso efecto llamada.
La verdad es que no entiendo a los que defraudan cuando pueden eludir el impuesto por la vía legal para lo que no faltan procedimientos.
Como no sea por deportividad, por el placer de lo prohibido, por imperativo de ese contrabandista que llevamos dentro.
En todo caso no es de esperar que lo aflorado se dedique a la inversión para lo que no hay condiciones objetivas sino que se acogerá a una SICAV de casi nula tributación.
En tiempos de Zapatero se llegó a cavilar sobre la posibilidad de una medida similar y el Partido Popular se lanzó a la yugular del Gobierno tachándola de “ocurrencia” (Rajoy) y de “inmoralidad” (Cospedal).
Sí la decidió el primer Gobierno de Felipe González por sugerencia de Miguel Boyer, lo que le costó la dimisión del secretario de Hacienda José Sevilla y otras turbulencias internas.
El Partido Popular no tiene esos prejuicios. Actúa de forma “valiente” y por “responsabilidad”. Sin complejos.
José García Abad es periodista y analista político
