Fuentes socialistas han confirmado a EFE ese dato, que se ha conocido hoy después de que a primeros de marzo el Supremo deliberara acerca del recurso presentado por Rollán contra la condena a Rollán consistente en ocho años de inhabilitación especial para cargo público.

Condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Rollán fue imputada por prevaricación administrativa durante su etapa como alcaldesa de Torrejón de Arroz y condenada el 13 de enero de 2011 por ese delito a ocho años de inhabilitación especial en una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, ahora, en contra del criterio de este tribunal, que estimó que la utilización de la permuta como mecanismo de enajenación del patrimonio municipal era fraudulenta, el Supremo ha declarado que no concurren los elementos propios de la prevaricación, ya que "existe una línea jurisprudencial que, tratándose de entidades locales, admite directa o indirectamente la permuta de bienes patrimoniales por obra futura".

El convenio que originó la imputación
En 2001 Rollán y 13 miembros del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz votaron a favor de un convenio urbanístico entre la corporación municipal y la sociedad Patrimonios Siglo XXI S. A., por el cual esta sociedad llevaría a cabo a su costa la urbanización de unos terrenos propiedad del Consistorio donde se construirían viviendas de venta libre. En el convenio se calificaba la operación como una permuta, que el Supremo no ha considerado fraudulenta.