Silvia Intxaurrondo ha cuestionado la reciente investigación que involucra a la fiscal general, desmontando un detalle clave mencionado en el auto del Tribunal Supremo. La presentadora subrayó la importancia de verificar información antes de llegar a conclusiones apresuradas. Esta es una de las noticias más leídas esta semana en ElPlural.com.
A la periodista Silvia Intxaurrondo le ha bastado echar un vistazo rápido en la hemeroteca para desmontar la investigación que este miércoles el Tribunal Supremo (TS) ha abierto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un posible delito de revelación de secretos del que le acusa el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
La informadora ha recogido la primera noticia que se dio al respecto de este hecho y que publicó el diario El Mundo. En concreto, el medio mencionado tuvo acceso a la propuesta que la Fiscalía ofreció a la pareja de la presidenta para alcanzar un pacto en el que González Amador admitiera los dos delitos fiscales mientras se judicializaba el caso.
El mismo periódico señaló que había podido comprobar esto con los mails remitidos de una a otra parte y publicó la noticia sobre ello el día 13 de marzo a las 21:45. Sin embargo, el Supremo dice que el fiscal general tuvo los correos en su poder “a partir de las 22 horas” de ese día, algo que se contradice o, lo que es lo mismo, pone sobre la mesa una pregunta evidente: “¿Se produjo una filtración?”. Las redes remiten que la presunta filtración, de haberse producido, podría haber llegado desde el partido y, más específicamente, desde el equipo de la presidenta.
Imputación al fiscal general del Estado
La Sala de lo Penal del Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos vinculado a la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental del compañero sentimental de la responsable primera de Sol.
El tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque Rodríguez Fernández no disfruta de su calidad de aforada -tampoco el fiscal general- los dos comportamientos guardan una conexión que impide la incoación de causas separadas.
Tras conocerse los hechos, Álvaro García Ortiz ha expuesto vía comunicado que no va a presentar su dimisión. El documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, detalla que “en el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española”, seguirá “ejerciendo sus responsabilidades como fiscal general del Estado”.
“Soy consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconozco la afectación que supondría en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país. Pero es, precisamente la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la ley y al Estado de derecho”.
A raíz de los acontecimientos, el fiscal general ha anunciado la convocatoria para el jueves de la Junta de Fiscales de la Sala y al Consejo Fiscal con el objetivo de hacerles partícipes de esta decisión, aportar las explicaciones correspondientes y escuchar lo que tengan que aportar al escenario actual los integrantes de los órganos de asesoramiento y consulta del fiscal general del Estado.