El ecosistema político ha vuelto a generar un nuevo debate sobre las libertades y derechos. Este fin de semana, el diario El Mundo publicaba unos mensajes de WhatsApp privados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Desde entonces, una vieja pregunta ha vuelto a saltar al candelero: ¿dónde termina el derecho a la información y dónde empieza el respeto a la intimidad? Esta mañana, desde La hora de La 1, Silvia Intxaurrondo centraba esta cuestión con otro interrogante: ¿hay delito en la filtración de los whatsapps de Sanchez y Ábalos?
Los mensajes que se han revelado tienen un carácter privado y están fechados entre 2020 y 2021, en pleno auge de la pandemia y cuando Ábalos aún era ministro de Transportes. En algunas de las intervenciones se pueden leer las buenas palabras de Sánchez hacia el político: "Gracias, José Luis. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo".
No obstante, los textos también dejan ver un lado más duro. El líder del Ejecutivo le pedía a Ábalos que intentara calmar las aguas en un momento de tensiones internas en el partido y entre ellos hablaban sobre cómo abordar las críticas de algunos barones socialistas como Emiliano García-Page o Javier Lambán. "Diles que no hay nada. Que se calmen. Que no sigan con esto", escribía Sánchez.
La publicación de estas conversaciones privadas ha provocado un nuevo choque de trenes. Mientras que algunos miembros del Ejecutivo ya han cerrado filas con Sánchez, denunciando la "gravedad" de esta filtración y pidiendo que se investigue, desde la oposición, como el PP, han aprovechado el contenido de los mensajes para arremeter contra el presidente.
El tema ha ocupado gran parte de la escaleta de los matinales este lunes, especialmente la de los programas con mayor contenido político. Es el caso de La hora de La 1, donde Silva Intxaurrondo ha hablado con Joaquim Bosch, magistrado y jurista español. "Son conversaciones privadas que nos muestran de forma parcial y no completa y que están vinculadas a dinámicas internas del partido. Y hay de otra cosa, no sabemos de dónde salen. En todo caso, si saliesen de la causa contra Koldo García estaríamos hablando de una filtración de máxima gravedad", decía la periodista, dando paso a su compañero.
"En la información periodística sí que se indica el origen, procede precisamente del 'caso Koldo' aunque no se especifica si la filtración procede del ámbito policial o del ámbito judicial", matizaba Bosch. El mismo explicaba las diferencias que rodean a esta filtración, teniendo en cuenta de donde ha salido la información. En el caso del periodista que la ha hecho pública, "está cubierto por el derecho fundamental a la libertad de información, siempre y cuando no se haya apropiado del material delictivamente" y, además, "está amparado por el secreto profesional a no explicar detalladamente cómo los ha obtenido y puede difundirlos porque prevalece el derecho de la ciudadanía a ser informado".
Pero, por otro lado, si la información le ha llegado por parte de alguna autoridad, la cosa cambia. "En cambio, el agente policial o funcionario judicial que dispone de estos datos sí que tiene un deber de custodia y por esto ante ellos existe un delito de revelación de secretos", explicaba el magistrado.
"Si nos fijamos es un caso que tiene paralelismos con la causa contra el Fiscal General por la difusión de esas conversaciones entre Fiscalía y la defensa de la pareja de Ayuso. Lo llamativo de aquella causa es que es una filtración que se investiga mientras que en España, como sabemos, hablamos todos los días de filtraciones desde el ámbito judicial que casi nunca tienen ningún tipo de investigación. Pero los hechos originariamente sí que pueden ser delictivos porque ningún funcionario judicial o agente policial pueden filtrar datos que están amparados por esa situación de confidencialidad y secreto", proseguía Joaquim Bosch.
No obstante, ante todo, el colaborador quiso dejar claro que "una conversación privada entre dos personas, aunque sean dos cargos políticos, está amparada por el derecho a la intimidad": "Otra cosa es que en un periodista prevalezca la libertad de información", concluía.