El PP de Alfonso Rueda mantiene la estela de su gobierno y del de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, en materia de medios de comunicación. El partido ha dado el visto bueno a nivel autonómico a un anteproyecto de ley que monitoriza el control de radio y televisión gallega por parte del Ejecutivo regional, yendo así en contra incluso de lo que prometieron los propios ‘populares’ cuando aprobaron, hace ya 13 años, que habría una dirección nombrada por consenso por la oposición. Por aquel entonces, la formación conservadora abogó también por la creación de órganos y reglamentos que permitieran proteger la independencia de los periodistas.
Rueda continúa de este modo el camino del responsable del PP a nivel nacional, quien llegara en 2009 a la Xunta prometiendo una ley para garantizar la libertad periodística, un proyecto que culminó, pero solo en la teoría, dos años después, y es que los puntos que rigen el texto y que han saltado del todo por los aires esta semana nunca se llegaron a cumplir. En la práctica, esto implica que desde entonces gobierno y oposición nunca hayan pactado el director general de la Compañía de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG); un cargo que desempeña Alfonso Sánchez Izquierdo, ni hayan creado un estatuto profesional o un consejo de informativos como sinónimo de “calidad, profesionalidad e independencia de los contenidos informativos”. Ahora, la nueva normativa plantea, una vez que salga adelante, que si la elección del máximo responsable de comunicación gallego no la respaldan dos tercios en primera votación o tres quintos en segunda, recaerá sobre el PP al ser la formación que disfruta de mayoría absoluta en la Cámara.
Contenidos en idiomas distinto al gallego
El nuevo Anteproyecto de Ley de Servicios de los Medios de Comunicación Audiovisual de Galicia también contempla que se permita la difusión de contenidos distintos al gallego, algo que no ocurría desde 1985, año en el que se crean la radio y la televisión autonómica.
La oposición, en tromba contra Rueda: “Es un despropósito”
Los partidos de la oposición coinciden en que el planteamiento de Rueda es un “despropósito” y hablan incluso de “retroceso en los derechos democráticos”, mientras acusan que la televisión y la radio gallegas sean -ya ley mediante- un órgano de “propaganda” al servicio del equipo regional. En estos términos se ha pronunciado el BNG.
Pero el PSOE de Galicia (PSdeG), se pronuncia en la misma línea y recuerda, además, cuál es el escenario en el que se encuentra actualmente la televisión de la región gallega, con una caída del 30% de la audiencia, el presupuesto más bajo desde hace 15 años, una externalización de la producción propia que se sitúa por encima del 64% y casi una decena de directivos imputados por acoso laboral a una informadora.
El partido conservador a nivel regional lleva años justificando que se trata de decisiones -la de la forma de nombrar al director, por ejemplo- que pretenden “evitar un bloqueo”. Con ello, y aunque Rueda muestra en público su voluntad de alcanzar un acuerdo con los grupos de izquierdas, deja claro que de no ser posible lo mejor, a su juicio, es que se opte por una persona escogida sirviéndose su partido de la mayoría absoluta de la que dispone.
Para desprenderse de las críticas respecto al uso de lenguas distintas al gallego, Rueda esgrime que se trata de un uso “puntual” que permita “dar a conocer fuera” la producción audiovisual gallega. En detalle, el presidente de la Xunta sostiene el apartado se limita a la “posibilidad de difundir la producción en otros idiomas”, aunque continuará siendo completamente en gallego. Estos idiomas son principalmente el castellano y el inglés.
En cuanto al conjunto del documento, el gobierno autonómico defiende que es necesaria una adaptación a los cambios que se han producido en los últimos años en lo que a patrones de consumo audiovisual se refieren. También contempla que, de esta manera, obedecen a nuevas normativas como el reglamento europeo con el que Bruselas pretende proteger el pluralismo y la independencia de los medios. Ateniéndose al crecimiento de la transformación digital, la Xunta también defiende el posible cambio de nombre de la compañía para pasar a llamarse Corporación de Servizos Audiovisuales de Galicia.
En última instancia, a grosso modo el organigrama quedaría de la forma que se expone a continuación. La televisión y radio públicas de Galicia contará con un consejo asesor de participación pública y profesional, que presumiblemente se encargará de garantizar el pluralismo, la objetividad y que las informaciones sean imparciales. Estará formado por 15 miembros.
Asimismo, al director general se le suman nueve representantes de distintas áreas como la sanidad o la ciencia, escogidos por el Parlamento por mayoría de dos tercios o de tres quintos en caso de no conseguirse la primera. Otros tres miembros vendrán de industrias culturales mientras que los dos restantes serán operadores de los medios públicos.
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