El Tribunal de Cuentas investiga si existe “responsabilidad contable” en el pago de la Conselleria de Sanidad al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de la atención a pacientes oncológicos asignado a departamentos de salud privatizados gestionados por Ribera Salud; es decir Alzira, Denia, Torrevieja y Elche-Crevillente, y por Sanitas (Manises). Solamente este último se mantiene privatizado. En la práctica, el Ejecutivo de Carlos Mazón habría pagado dos veces por el servicio.
Lo que investiga el órgano jurídico es si la Generalitat habría llevado a cabo ese doble pago en el momento en el que los pacientes atendidos en el IVO pertenecen o lo hicieron a un departamento de salud privatizado, dado que entre los pagos que ejecuta la administración a las empresas por cada habitante adscrito a la zona gestionada incorpora tratamientos oncológicos.
Más concretamente, el informe que revela lo que explican estas líneas, de la Sindicatura de Comptes, destaca que “la Consellería de Sanidad ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la el IVO de varios pacientes asignados a las concesionarias”. Dicha situación, complementa el documento, se encuentra “señalada reiteradamente por la Sindicatura” y se encuentra ahora “analizada por el Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencia reprocesales a fin de determinar la posible existencia de responsabilidad contable, que se encuentra en tramitación”. Así las cosas, “en 2025 la consellería ha repercutido gastos oncológicos por un importe de 45,4 millones de euros a las concesionarias, que han presentado recursos”.
Cabe destacar que la atención en la Fundación a pacientes oncológicos cuando estaban gestionadas en régimen de concesión por empresas privadas era legal, como lo era que la Conselleria de Sanidad abonara al IVO la factura de dicha atención. Lo que es irregular, según vienen advirtiendo en sus informes anuales, es que Sanidad firmase un acuerdo extrajudicial con el IVO con el objetivo de concederle el dinero que reclamaba por esta atención sin que repercutiese dicho coste a las concesionarias.
Sanidad mantiene que han reclamado los 45 millones de euros a los dos gigantes sanitarios y que el cálculo forma parte de las liquidaciones. En este sentido, aseguran que Ribera Salud ya ha abonado la cantidad que se le reclamaba.
Los contratos de concesión resuelven que la Conselleria tiene que pagar a las empresas por atención a los pacientes de otras áreas de salud atendidos en los hospitales privatizados, y al revés: que las concesionarias tienen que pagar al departamento cuando otros centros hospitalarios atienden a los pacientes del área privatizada. Esto último incluye a los atendidos en el Instituto, de carácter concertados. De no ser así, sucedería que la Conselleria estaría pagando dos veces por un mismo tratamiento, tanto a las empresas como al IVO.
El PP apostó por el modelo Alzira
Después de que el PP extendiera el conocido como ‘modelo Alzira’, que hace poco se supo que Ribera había operado bajo este modelo en el hospital de Torrejón (Madrid), el Gobierno del Botánico, como se conoció a la unión de izquierdas valenciana, recuperó la gestión pública de los centros hospitalarios de Alzira y de Torrevieja e inició los trámites para hacer lo propio con el de Denia, también gestionado por este gigante sanitario, y el de Manises, en su caso por Sanitas.
Cuando Carlos Mazón llega al Ejecutivo de la Generalitat, los populares finalizan ambos contratos, pero prorrogan durante cinco más el de Ribera Salud en el hospital de Vinalopó (Elche) atendiendo a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas.
El modelo plantea problemas tales como deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implantar mecanismos de control o un alto nivel de litigiosidades, además de las complicaciones para realizar liquidaciones al final de cada curso. Las liquidaciones bajo signo conservador fueron 35 en dos años mientras que en 8 años del Botánico fueron 26.
Desde la Generalitat aseguran que la petición de devolución se seguirá reclamando en el momento en que se hagan las liquidaciones mientras la Sindicatura exige que firme un nuevo contrato con el IVO. En este sentido, confirma que las prórrogas tramitadas al Acuerdo de sección concertada suscrito el 6 de octubre de 2017 entre la Conselleria y la Fundación IVO, “han afectado al objeto contractual y han producido interpretaciones controvertidas en su ejecución, por lo que deberían haber dado lugar a un nuevo acuerdo”.
Por ello acentúan que no pueden concluir “sobre la razonabilidad del gasto reconocido en 2024 por la facturación de la Fundación IVO”.
