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El Tribunal de Cuentas (TCu) ha acordado el archivo de la denuncia presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el sistema de facturación entre hospitales vinculado a las derivaciones de pacientes entre centros de gestión privada o concertada y la sanidad pública.
Según fuentes del Ejecutivo regional, la resolución concluye que no existe responsabilidad contable ni perjuicio económico para los fondos públicos derivado de este sistema, y rechaza que se haya producido daño patrimonial alguno para la Administración regional.
La denuncia del PSOE, interpuesta en febrero pasado, por presunta responsabilidad contable contra la Comunidad de Madrid por la supuesta condonación de una deuda de 71 millones de euros a las compañías Quirón y Ribera Salud, ha sido descartada por el TCu al considerar que no está acreditada la existencia de cantidades exigibles que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hubiera dejado de reclamar a las empresas responsables de la gestión indirecta de hospitales públicos.
El PSOE sostenía que ese importe se originó por la atención en la sanidad pública de pacientes derivados de estos grupos privados y concertados, lo que, a su juicio, evidenciaría un posible perjuicio a los fondos públicos por un control deficiente de la facturación entre hospitales de gestión directa y centros en régimen de concesión.
El Tribunal considera que no se ha demostrado la existencia de un daño patrimonial concreto, efectivo e individualizado para las arcas públicas ni de derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica hubiera dejado de exigir, en línea con lo defendido por la Fiscalía del propio Tribunal, que ya propuso archivar la denuncia al no apreciar perjuicio probado.
El tribunal de control económico se limita a señalar obligaciones generales de supervisión, seguimiento o control, sin precisar tampoco normas presuntamente vulneradas, y avala así “el sistema de facturación entre hospitales de la Comunidad de Madrid derivado del ejercicio del derecho de libre elección de centro sanitario por parte de los ciudadanos”, según destacaron fuentes regionales.
La Comunidad de Madrid asegura que su posición ha quedado respaldada y confirma que “siempre” ha actuado “conforme a la legislación vigente” sin dejar de “percibir ninguna cantidad que correspondiera reclamar a las empresas concesionarias”.
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