Los autores de los protocolos de la vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, así como el ideólogo de la privatización sanitaria del PP, Antonio Burgueño, se han librado este lunes de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla por los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' que derivaron en la muerte de 7.291 ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid, dependientes del Gobierno autonómico dirigido por Isabel Díaz Ayuso.
Estos tres altos cargos, primeros imputados en la causa en la que se buscan responsables por lo sufrido en los centros de mayores durante la pandemia del coronavirus, serán previsiblemente citados nuevamente después de que este lunes, como ha podido saber ElPlural.com, su defensa reclamase la suspensión de sus declaraciones alegando que no habían tenido acceso a las actuaciones, lo que generaba indefensión.
Los tres ex altos cargos están investigados por un delito de denegación de asistencia médica por un motivo de edad, ya que esos protocolos negaban a los ancianos internos en residencias el traslado al hospital en situaciones de vida o muerte. Un marco de actuación que delimitó las oportunidades de sobrevivir a miles de mayores internados en centros madrileños. Una orden firmada por Carlos Mur y presuntamente ideada junto al geriatra Martínez Peromingo y el asesor Antonio Burguiño.
Se trata de la primera vez que las víctimas de esta tragedia encuentran cierta luz judicial tras lo ocurrido. De hecho, son decenas las denuncias que han sido archivadas en estos meses, siendo estas tres imputaciones un primer rayo de esperanza para los miles de familiares que se concentraban este lunes frente a los juzgados en los que debía celebrarse la toma de declaración a los tres imputados.
El PSOE se persona en la causa
En paralelo a lo que ocurría dentro de los juzgados, el PSOE de Madrid informaba a través de sus canales de difusión su personación en la causa como acusación popular. Algo que, según estas fuentes, es un imperativo al considerarlo “imprescindible para apoyar a las familias de las víctimas”. “Acompañaremos a las familias hasta el final”, han subrayado los socialistas, reafirmando su compromiso con la memoria, la justicia y la reparación. “Así lo dijimos y así lo cumplimos”, insisten desde la formación.
Según explican los socialistas madrileños, su personación tiene como objetivo “que se investigue no solo la posible denegación de la prestación sanitaria por razón de edad”, sino también la propia elaboración de los protocolos, que podrían constituir un delito de prevaricación. “Se aprobaron sabiendo que podían ser ilegales y que podían dar lugar al fallecimiento de esos mayores sin atención sanitaria”, denuncian desde el partido.