El Tribunal Supremo (TS) estudiará este martes los recursos que presentaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado Ángel Hurtado de autorizar la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para investigar la presunta revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres son los tres magistrados de la Sala de Apelaciones que tienen que deliberar y fallar sobre esta sunto este 11 de febrero. Se denuncia una vulneración de derechos fundamentales que conllevarían la nulidad de ese registro y del efectuado ese mismo 30 de octubre en el despacho de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
De estimarse los recursos, la causa se tambalearía porque la mayor parte de los indicios observados por Hurtado se fundamentan en el material requisado en esos dos registros y en el análisis que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho del mismo.
El debate tendrá lugar tres meses y medio después de que la UCO registrara el despacho de García Ortiz y días después de que éste y los otros dos investigados, Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, declararan como investigados ante el instructor de la causa.
Más de diez horas de registro
El registro del fiscal general, se extendió desde las 12.30 hasta las 23.00 horas y culminó con el volcado del contenido íntegro de sus dos teléfonos , el personal y el oficial, un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y multitud de USB.
La Guardia Civil entregó al magistrado un informe que contemplaba que había "cero mensajes" en los dispositivos de García Ortiz, quien, por su parte, explicó que, por un protocolo de seguridad y protección de datos, suele cambiar de móvil y borrar conversaciones y mensajes. El instructor, en su intento de recuperar chats y correos, ha pedido ayuda a Google y Whatsapp.
Los agentes también presentaron otro informe relativo a lo incautado a la fiscal provincial de Madrid; incluidos mensajes de Whatsapp, algunos intercambiados entre Rodríguez y García Ortiz.
Una entrada "insólita"
La Fiscalía considera que ambos registros son nulos y que todo lo hallado en ellos no debería tenerse en consideración en la investigación. A su juicio, los autos de entrada y registro "no contienen razonamiento alguno para justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas".
En el recurso, la fiscal a cargo de este procedimiento, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, indica que dicha actuación excedía por "mucho" lo solicitado por el abogado de González Amador, que pedía que la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid entregara copia de correos electrónicos recibidos y enviados desde dos direcciones, y que Google aportara copia de 'emails' del fiscal general.
Para la teniente fiscal, "las medidas acordadas en los autos recurridos lo han sido sin que hayan sido solicitadas por los querellantes y sin explicación alguna al respecto". Además, apunta, dichas resoluciones "no pueden considerarse resoluciones motivadas ni mucho menos que cumplan con el deber de motivación reforzada exigible en supuestos como el presente".
Sánchez Conde insiste en que los autos de entrada y registro "no hacen referencia a indicio" y defiende que ni el hecho de solicitar el envío de documentación ni la necesidad de la misma para la confección de una nota informativa, ni la redacción de ésta, ni su publicación "constituyen acciones irregulares ni delictivas".
En este sentido, la fiscal afea que el instructor no aporte dato más allá de señalar que el presunto delito de revelación de secretos que se le atribuye a los investigados tuviera lugar entre las 22.00 horas del 13 de marzo y las 23.51 de ese día.
En la misma línea, recalca que dicho dato también queda desvirtuado porque se publicó a las 22.10 horas que existía un ofrecimiento de reconocimiento de hechos por parte de la defensa de González Amador al fiscal del caso, Julián Salto.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que la documentación incautada en el registro al fiscal general afecta a asuntos de "enorme trascendencia y cuya divulgación puede poner en peligro un sin número de operaciones o investigaciones penales en curso, así como la agenda institucional de la Fiscalía General del Estado".
No interrogar hasta despejar las dudas sobre la prueba
Además de pronunciarse por escrito en su recurso, Sánchez Conde ha verbalizado su oposición a la actuación del magistrado. La teniente fiscal decidió no preguntar al fiscal general en el interrogatorio celebrado el pasado 29 de enero al considerar que hacerlo sería dar validez a la investigación.
Tomó la palabra para exponer al instructor hasta nueve razones por las que considera la nulidad de las pesquisas, centrándose básicamente en la "insólita" entrada y registro en el despacho de García Ortiz, que calificó de inconstitucional "por haber tenido una extensión desmesurada" y una "nula proporcionalidad" que "no puede ser corregida 'ex post".
Indicó que no se podía interrogar a los investigados "hasta que se despejen las dudas existentes sobre la constitucionalidad de la prueba" en la que se basa la investigación. El fiscal general accedió a contestar a las preguntas de su abogado; mientras que la fiscal provincial de Madrid y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica decidieron responder a sus defensas y al magistrado.
En aquel interrogatorio, el magistrado explicó que la causa hasta ahora se divide en tres bloques. Los dos primeros relativos a filtraciones: la de la denuncia de la Fiscalía contra el novio de Díaz Ayuso y su expediente tributario; y la de un correo electrónico que el abogado de éste envió el 2 de febrero a Salto, ofreciéndole un pacto a cambio de reconocer dos delitos fiscales.
El tercer bloque está vinculado a la nota de prensa que contenía detalles de ese y otros 'emails' que difundió la Fiscalía la mañana del 14 de marzo para desmentir la noticia de 'El Mundo' en la que se afirmaba que había sido la Fiscalía la que había ofrecido dicho pacto.
