El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado este lunes que las críticas de Podemos y de la exministra Ione Belarra contra la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza no son constitutivas de delito de odio ni antisemitismo, sino que es una postura avalada por la libertad de expresión. De esta manera, el Alto Tribunal ha rechazado varias denuncias y querellas contra Belarra por acusar al Gobierno de Benjamín Netanyahu de ejercer “políticas de apartheid” contra Palestina.

“Las críticas a la acción militar objeto de denuncia no pueden ser calificadas de antisemitas o como discursos de odio simplemente porque tengan como destinatario al Gobierno de Israel", ha fallado el Supremo. De esta manera, añade que las palabras de la extitular de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno central se produjeron en el marco “de un debate público y democrático” y que, por ende, “están amparados por la libertad de expresión y no pueden ser sancionados penalmente”.

En este sentido, los magistrados han sostenido que las expresiones denunciadas se produjeron en el marco del papel político de Belarra y "no tenían por objeto promover la hostilidad hacia el pueblo judío, incitando al odio o a la realización de actos violencia contra sus miembros, sino la estimulación del debate público en torno a unos hechos ciertamente muy cuestionables y que han dado lugar a opiniones encontradas tanto a nivel internacional como nacional entre las distintas fuerzas políticas".

"Según se infiere de las informaciones aportadas, los discursos denunciados tenían como finalidad impulsar determinadas iniciativas políticas destinadas a poner fin a la acción militar, tales como el establecimiento de sanciones económicas a Israel, la suspensión de relaciones internacionales, el embargo de armas o la presión diplomática de los distintos países contra su Gobierno", han añadido.

De esta manera, la Sala de lo Penal ha señalado en su auto que no entra dentro de sus competencias el hecho de pronunciarse sobre si la respuesta militar a los "gravísimos atentados terroristas" de Hamás del 7 de octubre es un genocidio o un crimen de guerra, ni determinar si los comentarios denunciados son acertados o se ajustan a la realidad, sino determinar si son constitutivos de delito. En los mismos términos, el Alto Tribunal ha rechazado, al igual que la Fiscalía, que lo sean, por lo que ha decidido inadmitir a trámite las denuncias y querellas interpuestas, acordando así el archivo de las actuaciones.

Motivos de las denuncias contra Podemos

En particular, las denuncias y querellas que el Supremo deja archivadas son las presentadas, por un lado, por el presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), en la que hace referencia a las palabras de Belarra contra Israel por cometer un “genocidio planificado” en Gaza y “una política de ocupación y apartheid muy violenta en Palestina”.

Por otro lado, la querella presentada por Jaime Arturo del Burgo, quien acusó a la líder de la formación morada de incitar al antisemitismo en redes sociales y por acudir presencialmente a manifestaciones en apoyo al pueblo palestino.

La CIJ pide la detención de Netanyahu

En paralelo, desde el plano internacional, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CIJ) ha dictado este lunes la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por considerar la existencia de indicios de utilizar el asesinato de población civil como método de incitación de la guerra en Gaza. Además, el fiscal ha expresado la misma decisión con la detención del ministro de Defensa de Israel y tres líderes de Hamás.

Por su parte, y a través de redes sociales, Netanyahu ha asegurado que “Israel espera que los líderes del mundo libre se opongan firmemente al escandaloso ataque” de la Corte Penal Internacional al derecho inherente de Israel “a la autodefensa”. El mandatario israelí ha urgido así a sus potenciales aliados a utilizar “todos los medios” de los que disponen para “detener esta peligrosa medida”. 

Esta decisión de calado que viene desde la Comunidad Internacional se produce en el marco en el que cada vez son más los países del entorno que se suman al apoyo del pueblo palestino. Nada más lejos, el Gobierno de España, junto a otros países europeos, planea reconocer el Estado palestino en breves. De una manera similar ya se postuló Naciones Unidas, dando luz verde al derecho de Palestina a ser miembro dentro de su Asamblea.

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