El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella presentada por los Comuns contra el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ponente de la sentencia que condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta revelación de secretos durante unas jornadas formativas celebradas mientras el fallo aún estaba en deliberación. La conocida como ‘Sala del 61’ ha concluido que las manifestaciones del juez no fueron punibles y que en ningún caso se adelantó de forma ilegal el sentido de la sentencia.
Para los querellantes, esa frase suponía un anticipo del sentido condenatorio del fallo cuando aún restaban días para su notificación. La querella subrayaba además las risas del público “evidencia que la audiencia interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia”.
Sin embargo, el Supremo, con el respaldo de la Fiscalía, rechaza esta interpretación. En su resolución, los jueces han sostenido que la expresión utilizada por Martínez Arrieta “no revela una información directa y unívoca” ni permite deducir necesariamente que se estuviera adelantando el contenido de la sentencia. Además, han añadido que en los órganos colegiados las resoluciones son responsabilidad del conjunto de sus miembros, no únicamente del ponente.
El alto tribunal también ha descartado las ampliaciones de la querella dirigidas contra los otros dos magistrados participantes en el curso y ha rechazado que pueda cuestionar su imparcialidad por haber intervenido de forma remunerada en unas jornadas organizadas por el ICAM, que ejercía la acusación popular en el caso. Según el Supremo, ese reproche “se aparta del cauce legalmente previsto” para denunciar una eventual falta de imparcialidad judicial.
Una campaña voluntaria por García Ortiz
La Unión Progresista de Fiscales, asociación -no mayoritaria- con representación en el Consejo Fiscal y que estuvo presidida por Álvaro García Ortiz, ha pedido donaciones de dinero a sus asociados para pagar la parte económica de la condena del ex fiscal general del Estado. La asociación, que ya apoyó hace unas jornadas una proposición para indultarlo, pide entre 75 y 175 euros a sus fiscales al entender que “la institución es la que debe estar a su lado” tras la condena y la inhabilitación.
La UPF, agrupación a la que perteneció García Ortiz, ya apoyó y difundió hace días la petición de indulto de una asociación de juristas y ahora lanza esta colecta entre sus propios asociados para pagar la parte económica de la condena impuesta por la mayoría conservadora del Alto Tribunal. Una condena que según la asociación “supondrá un durísimo golpe a la economía de Álvaro y su familia, de la misma forma que lo sería para cualquier otro miembro del Ministerio Fiscal que, por cumplir con su deber institucional, de la noche a la mañana, se viera obligado a hacer frente a dicho desembolso”.