El Tribunal Supremo ha ordenado este miércoles la ejecución de la sentencia condenatoria sobre el que fue Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. En la resolución, la Sala de lo Penal ha instado a que se requiera a García Ortiz el pago de la multa impuesta, de 7.200€ y la indemnización de 10.000€ al empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal.
En relación con el bienio de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, el Supremo ordena enviar copia del auto y de la sentencia a la Fiscalía General del Estado "a los efectos oportunos". Ahora, será la institución encabezada por Teresa Peramato la que decida si la condena implica la expulsión de la carrera fiscal para García Ortiz.
Cabe recordar que, al ser designado fiscal general del Estado, quedó en situación de "servicios especiales", técnicamente fuera de la carrera fiscal, a la que ahora tendrá que solicitar el reingreso. Y ello por cuanto el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), en su apartado d), establece que la condición de fiscal se pierde cuando existe una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos".
De igual forma, el Reglamento del Ministerio Fiscal, en el epígrafe d) del artículo 32, fija como causa para la pérdida de la condición de fiscal la imposición de una condena con "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso". No obstante, el Supremo dijo expresamente en su sentencia que la inhabilitación lo era únicamente para el cargo de fiscal general del Estado, advirtiendo de que sería "excesiva su proyección a otros". Al mismo tiempo, el Supremo señaló que "las consecuencias extraprocesales" de la condena "se mueven en otro plano" distinto al estrictamente judicial. Y que competen, según las fuentes fiscales, a la Inspección Fiscal.
García Ortiz renunció el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de conocerse el fallo, que se adelantó sin la sentencia por miedo a las filtraciones, y quedó cesado formalmente el 9 de diciembre. Peramato, fiscal experta en la lucha con la violencia de género, tomó posesión como presidenta del Consejo Fiscal este martes.
