Este martes se hacía público que una magistrada de Andorra investiga al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los exministros de su Gobierno, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por su presunta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras, en la conocida como operación Cataluña. La magistrada les imputa un rosario de delitos: coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso. Unos delitos que, según el Código Penal andorrano, acarrean penas de hasta 29 años de prisión.

Poca broma con la investigación de este juzgado andorrano, pues si las penas máximas en caso de ser condenados por todos los delitos son muy altas, las mínimas no son para echar cohetes. Si el expresidente Mariano Rajoy fuera juzgado y condenado al mínimo, recibiría una pena de seis años y nueve meses de prisión. Es decir, que si finalmente el caso va hacia delante, Rajoy, Montoro y Fernández Díaz se enfrentan a condenas de entre casi siete años y 29 años de cárcel.

Los delitos

Los delitos que les imputa la juez, y por la que les ha pedido que designen un abogado en el plazo de 15 días o se les nombrará uno de oficio son el recogido en el Artículo 437.1, creación de documento falso por funcionario público, penado entre tres meses y tres años de cárcel; el Artículo 322, coacción a los órganos constitucionales con penas entre los tres y los diez años de prisión; el Artículo 207, delito de extorsión. Sobre este delito, dice el Código Penal de Andorra que las penas serán las que recoge el delito de robo y robo cualificado. El robo va de los dos a los seis años de prisión, mientras que el cualificado tiene penas de entre tres y nueve años de cárcel.

El Artículo 142.1 hace referencia al chantaje y acarrea una condena que oscila entre los tres meses y los tres años de cárcel, la misma pena que tiene el delito de amenazas condicionadas de un daño constitutivo de delito recogido en el Artículo 140.1. Por último, la magistrada cree que los tres políticos del Partido Popular, también podrían haber cometido un delito coacciones que está en el Artículo 139.1 del Código Penal y que tiene la pena de un año de prisión.

En cuanto a qué va a suceder ahora, dicen las fuentes cercanas al caso consultadas por ElPlural.com que, una vez se designen los abogados, la magistrada seguirá con la instrucción judicial. Cuando reciba todos los escritos de las partes será el momento de decidir si toma declaración al trío del PP como imputados. Ahí hay dos opciones. Por un lado podría citarles en Andorra, pero como dicen las fuentes, en estos casos lo normal es que se desplace ella a España.