La querella presentada por Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (Idha) contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, acusa a Rajoy de utilizar "información económico-financiera falsa" de Banca Provada Andorrana (BPA) para intimidar al exjefe de Gobierno, Antoni Martí Petit, al exministro de Finanzas,Jordi Cinca Mateos, al exministro de Exteriores, Gilbert Saboya Sunyé y al exministro de Economía y Territorio, Jordi Alcobé Font, en la reunión que mantuvieron el día 8 de enero de 2015 en territorio andorrano. Una querella que ha llevado a la juez del caso a investigar a los expolíticos del PP por delitos que suman penas de cárcel de hasta 29 años.

Según consta en la querella, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, la finalidad habría sido la de "intimidarlos con que era necesario –una vez transcurridas las elecciones del 1-3-2015- intervenir y liquidar únicamente la entidad bancaria andorrana BPA en base a esta próxima actuación de la Unidad de Blanqueo de Capitales del Tesoro Americano (FinCEN) que habían promovido las mismas autoridades españolas ya que en caso contrario la plaza bancaria andorrana quedaría afectada y bloqueada".

¿Por qué habría llegado Mariano Rajoy tan sumamente lejos como para hacer algo así? El escrito explica que, "hay datos suficientes" para constatar que toda la actuación bancaria contra las entidades bancarias BPA y Banco de Madrid, propiedad de los querellantes hermanos Cierco, llevada a cabo el 10 de marzo de 2015, respondía a "los intereses del Gobierno Español para conseguir información bancaria de los políticos independentistas catalanes, el Artur Mas, Oriol Junqueras y sus familiares y los Pujol.

Y añaden que para hacerlo, los responsables del Gobierno Español "enviaron información económico-financiera presuntamente falsa a las autoridades americanas para que fuera el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), que depende del Departamento del Tesoro de EEUU, quien enviara en el momento oportuno a las autoridades andorranas una 'notice' -nota, que no resolución- para hacerles creer que debían intervenir y liquidar BPA, por ser una entidad de primer orden en materia de lavado de capitales -según se hacía constar-".

Es por este motivo que los querellantes ampliaron la querella por un delito de falsedad de documentos contra Rajoy, Montoro y Fernández Díaz, "puesto que él fue quien hizo uso de esta información 'falsa' -ordenada orgánicamente y ejecutada por los anteriores-, para llevar a cabo los demás delitos que ya son objeto de esta querella".

Los motivos

En su querella explican: "Tenemos claro que todas estas acciones son un ataque en toda regla a la soberanía andorrana -por eso actuamos desde el Institut de Drets Humans d’Andorra-, ya que entendemos que presuntamente se intimidaron con falsedades a los responsables políticos de nuestro Gobierno para que adoptaran una fulminante decisión política que en otras condiciones seguro -de haber sabido toda la verdad- no lo habría tomado con tanta efectividad, contundencia y virulencia, con los daños que todo ello ha causado a la reputación bancaria andorrana y, por tanto, al país, que todavía se arrastran en estos momentos".

Y apostillan que, L’ Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) nació para "defender la soberanía de nuestro país", y que todo lo que sucedió desde el mes de enero del año 2014 hasta a la intervención de BPA por las autoridades andorranas a partir del 10 de marzo de 2015, y todo lo que ha sucedido posteriormente, ha sido un "ataque flagrante y evidente del Estado Español contra la independencia y soberanía de nuestro Principado, ya que con toda impunidad se ha amenazado, coaccionado, extorsionado y chantajeado a ciudadanos andorranos dentro y fuera del territorio andorrano".

Es más, dicen que, todo ha sucedido porque creían que "una vez intervenida BPA podrían entrar en sus archivos contables y en los del Banco Madrid, ya que el ordenador central estaba también en BPA, y así descubrir en cuestión de horas las cuentas bancarias de los independentistas catalanes y sus familias para conseguir lo que las comisiones rogatorias judiciales que se tramitaban en Andorra desde julio del 2014 no estaban entregando a España".