La Audiencia Nacional exoneraba esta semana al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, de la causa por presunto enriquecimiento ilícito debido a su “deterioro cognitivo”.
A sus 95 años y en una situación que respalda una evaluación médica, parece evidente que el ex máximo responsable catalán no reunía las condiciones para declarar ni para imponerle un castigo de cárcel como el que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción.
Si bien, el ‘caso Pujol’ pone de manifiesto una cuestión de fondo mucho más relevante, que se ha repetido en múltiples ocasiones y que sigue vigente a día de hoy. Plantea una pregunta: ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la Justicia deje de ser justa?
Kitchen
De estricta actualidad se encuentra el juicio por la trama Kitchen, por el cual han testificado el extesorero del PP, Luis Bárcenas, la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, e incluso el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hablamos, sin embargo, de un juicio que analiza unos hechos que tuvieron lugar hace 13 años. La cuestión temporal no debería servir para eximir de responsabilidades a quienes pudieran tenerlas sobre acciones presuntamente delictivas, pero acostumbra a ser así.
En el caso concreto de Kitchen, está siendo habitual que los comparecientes no recuerden -atendiendo a sus declaraciones- si ellos o alguien de su entorno pudieron incurrir en ilegalidades en el marco de una de las tramas de corrupción más mediáticas de nuestro país. De hecho, el propio PP -el actual- alude al calendario para desvincularse por completo del equipo de Rajoy. Todo ello junto a una moderación del juicio dudosa da como resultado que, para muchos, lo que está teniendo lugar estos días en Plaza de Castilla termine sin culpables.
Gürtel
Los ejemplos en los que el cronómetro ha jugado a favor de la parte investigada son muchos, y en su mayoría tenían como protagonista a alguien del PP. La misma Gürtel ya acaparaba los pasillos de la sede de Génova en 2009.
Desde la sentencia que terminó con el expresidente ‘popular’ fuera de Moncloa, las ramificaciones de una trama que sigue dando para mucho alcanzaron a Pablo Casado cuando, en 2020, tuvo que hacer malabares para desvincularse de una pieza relativa a los contratos por la visita del Papa a Valencia que databan de 2006.
Montoro
El ‘caso Montoro’ es asimismo muy esclarecedor, y es que el análisis de las actuaciones del antiguo ministro de Hacienda ha experimentado diferentes prórrogas, pero el origen es mucho anterior a éstas.
A finales del año pasado y principios del presente se acordaron nuevas dilataciones en el tiempo de seis meses, si bien la imputación del responsable del departamento económico se conoció a través de los medios de comunicación siete años después de que echara a andar la investigación de unos hechos que, por otra parte, habrían sucedido entre 2012 y 2018.
Púnica
La operación Púnica, que afectó igualmente de lleno al Partido Popular, también duró mucho tiempo y, de hecho, no se ha cerrado del todo. Desde que estallara en 2014 con la detención de 51 personas, entre ellos el exconsejero madrileño Francisco Granados, su investigación superó con creces los tres años para los que estaba prevista, llegando a alargarse más allá del verano de 2020.
El año pasado se celebraron varios juicios relevantes, como el que tiene que ver con contratos irregulares por valor de 224 millones de euros, de una trama que también se terminó dividiendo en piezas, a priori para facilitar precisamente la gestión judicial; pero sin éxito.
En el caso Lezo, centrado en el presunto amaño del campo de golf del Canal de Isabel II y por el que piden seis años de cárcel para el expresidente de Madrid Ignacio González, el juicio de la pieza principal no ocurrirá hasta 2027, una década después de que empezara la operación.
Doble velocidad
El retraso judicial suele producirse en causas, normalmente de corrupción, que se presentan complejas. Sin embargo, tampoco es ningún secreto que la Justicia funciona a dos velocidades en función de a quién afecte. Buena prueba de ello es que la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tardó días en conocerse -la condena algo más-, por presuntamente filtrar el correo en el que Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso reconoce sus delitos fiscales, mientras que el juicio a la pareja de la presidenta está programado para 2027, después de las elecciones.
Precisamente en lo relativo al compañero sentimental de la responsable autonómica, el informe ordenado por el juez de Instrucción del juzgado 19 de Madrid a la Unidad Central Operativa (UCO) no ha llegado todavía. Llama la atención porque el apremio cambia cuando se trata de otras causas. Basta con echar un vistazo, por ejemplo, a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez y a la que espera que se siente ante un jurado popular tras imputarle cuatro delitos.