El Partido Popular fía su labor de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez al devenir de las múltiples causas judiciales que aprietan al Partido Socialista y al propio Ejecutivo. Por ello, los de Alberto Núñez Feijóo han reforzado sus filas, desde el punto de vista jurídico, en los últimos tiempos, y han optado por contar con los servicios de un importante despacho de abogados en los procedimientos en los que ejercen la acusación popular junto a Vox y otros satélites de la extrema derecha.
Se trata de Baker & McKenzie, un bufete estadounidense de alcance internacional que se sitúa como uno de los más prestigiosos del mundo. A él pertenece, por ejemplo, el exfiscal Jesús Santos, que ha defendido a algunos cargos del PP en los distintos juicios por corrupción de los últimos años. También está en nómina de la firma la letrada Carla Carballal, que hace unos días dio un paso al frente clave para entender la relación de Génova con la compañía.
Fue el pasado 14 de julio, durante la declaración como investigada en el caso Leire Díez de la que fuera abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, acusada de haber intentado sobornar a una empresaria para que cambie su testimonio contra el PSOE. Ese día, fue Carballal quien acudió a la Audiencia Nacional para interrogarla en nombre del PP, y no el abogado que dirige el departamento jurídico de los de Feijóo, y quien suele hacerlo, Alberto Durán.
Este movimiento confirmó que, tras trece años ejerciendo como asesora jurídica del PP, McKenzie pasa ahora a la primera línea de la acusación. Es la primera vez desde que los populares iniciaron su relación con el despacho, en 2013, que sus abogados se personan en las causas que rodean al Gobierno y el PSOE. Según fuentes citadas por Público, el bufete cobra al PP 30.000 euros al mes por sus servicios jurídicos, pero ni el partido ni McKenzie han confirmado esta ni ninguna de las preguntas que les ha hecho llegar el citado medio.
La alineación titular del PP en los tribunales
Este cambio en las filas del PP en los tribunales revela la importancia que dan en Génova a la estrategia de que las causas judiciales vayan debilitando, poco a poco, al Ejecutivo de Sánchez. Los de Feijóo no quieren dejar nada al azar, y ponen en primera línea al que ha sido su faro jurídico en la última década y media, McKenzie. Su relación se remonta al 2013, que fue justo cuando Jesús Santos dejó su cargo en la Fiscalía de la Audiencia Nacional para incorporarse al área de litigación criminal del despacho.
Entre los méritos de Santos está el de haber defendido, la mayoría de las veces con éxito, a cargos del PP en las causas por corrupción que les sentaron en el banquillo. Su desfile como defensor popular ha incluido causas como las derivadas de la Gürtel, el caso Palma Arena –por el que fue condenado el expresidente de Baleares Jaume Matas-, o la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas en la sede del PP. Además, este letrado ha defendido en los tribunales a otros nombres propios, como el expresidente del BBVA Francisco González, cuando declaró por el caso Villarejo; el empresario ruso Mijaíl Fridman, investigado por la quiebra del Grupo Zed, o del futbolista Cristiano Ronaldo.
Su relación con el PP, no obstante, se enfrió cuando no pudo evitar la condena al PP como partícipe a título lucrativo de la reforma de su sede, en la madrileña calle Génova, con dinero negro. Fue en 2021, y los populares presentaron un recurso contra esa sentencia de la Audiencia Nacional, pidiendo la absolución de Bárcenas, condenado a dos años de cárcel por esta pieza separada de la Gürtel. Ante la polémica que esto causó, el PP hizo responsable a Santos del recurso, alegando que ellos no sabían nada, y le ordenaron retirarlo.
La tensión sigue alta entre Feijóo y el letrado que, no obstante, fue el defensor de María Dolores de Cospedal y su marido durante el tiempo en el que estuvieron investigados en la trama Kitchen, de la que quedaron fuera por decisión del juez Manuel García Castellón. Ahora, es otra de las socias de McKenzie, María Massó, el hilo del despacho con Génova.
A ellos, se suma como ariete del PP en los tribunales el director de su asesoría jurídica, Alberto Durán, que ha estado codo con codo con las asociaciones de ultraderecha en causas como las que han condenado al hermano de Pedro Sánchez, al exministro José Luis Ábalos; o las que investigan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o –hasta su relevo por McKenzie- a la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez.
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