Moncloa contrarresta el relato del bloqueo parlamentario de PP y Vox con las 74 leyes “en el BOE”

Moncloa y Ferraz llegan al parón de agosto con una cifra que les permite combatir uno de los principales argumentos que esgrimen PP y Vox contra la coalición progresista: el bloqueo parlamentario. A nadie escapa que la endiablada aritmética del Congreso de los Diputados ha provocado más de un revés – y más de dos – al Gobierno de Pedro Sánchez. Una evidencia tal como que el agua moja. Sin embargo, los socialistas buscan contrarrestar dicho mantra con los datos, aferrándose a las 74 iniciativas legislativas aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el inicio de la legislatura.

El recuento que difunden desde el entorno socialista suma las cinco normas que superaron el último pleno extraordinario del curso, que por caprichos del destino coincidió con el tercer aniversario de las elecciones generales. En Ferraz ponen el acento sobre esa actividad legislativa para contraponer la imagen de un Gobierno que continúa aprobando medidas frente al relato de una legislatura agotada que alimentan las dos principales fuerzas de la derecha y a la que se abonaron hace unos meses Junts y PNV, aunque con distinta fuerza.

Alberto Núñez Feijóo aseguró esta misma semana que el Ejecutivo está “políticamente agotado” y “parlamentariamente bloqueado”. De hecho, en Génova ya han activado la maquinaria de presión bajo esta premisa. Un espacio común que cohabitan junto a Vox. La ultraderecha reclama el final de la legislatura y la convocatoria de elecciones. Sin embargo, en el PSOE responden que la fragmentación del Congreso obliga a negociar cada iniciativa y ello no ha impedido que decenas de normas terminen publicándose en el BOE. Es decir, “hacer política”.

Cinco normas para cerrar el curso

El último pleno dejó dos reales decretos leyes convalidados y tres leyes aprobadas definitivamente. Una de las normas prorroga las medidas destinadas a amortiguar las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio, especialmente en los sectores más expuestos al encarecimiento de la energía y los combustibles.

La segunda permite la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas y mejora el complemento de insularidad de los empleados de la Administración General del Estado destinados en Baleares. El PSOE la presenta como una herramienta para facilitar el relevo generacional, renovar las plantillas y trasladar conocimiento entre los trabajadores que se jubilan y quienes se incorporan.

El Congreso también culminó la llamada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para profesionales vinculados a mutualidades alternativas. La reforma pretende facilitar que estos trabajadores se integren voluntariamente en el sistema público y puedan computar las aportaciones realizadas para acceder a una pensión.

A ella se suman la actualización del programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y la transferencia a Galicia de la titularidad y las competencias sobre la autopista AP-9. La primera obliga a revisar anualmente las pruebas del talón para agilizar la incorporación de nuevos diagnósticos de enfermedades raras y congénitas. La segunda responde a una reivindicación mantenida durante años por las instituciones gallegas.

Para los socialistas, estas votaciones demuestran que el Congreso sigue produciendo resultados a pesar de la dificultad para construir mayorías estables. Su argumentario contrapone la aprobación de medidas concretas con lo que considera una estrategia de PP y Vox dirigida a convertir cada votación en un intento de desgastar al Gobierno.

La condonación autonómica supera su primer examen

El Ejecutivo también consiguió que continuara la tramitación del proyecto para aliviar parte de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común. Las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox fueron rechazadas por 178 votos frente a 170, por lo que la iniciativa seguirá su recorrido parlamentario después del verano.

El plan contempla que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda autonómica. El PSOE sostiene que esa reducción permitiría liberar recursos para sanidad, educación y servicios sociales y acusa al PP de rechazar una medida que beneficiaría también a territorios gobernados por los populares.

Sin embargo, superar las enmiendas de devolución no equivale a tener garantizada la aprobación definitiva. El texto tendrá que pasar por el periodo de enmiendas, la ponencia, la comisión, el pleno y el Senado. Además, Junts ya ha advertido de que reclamará cambios durante la tramitación, por lo que el Gobierno necesitará volver a reconstruir la mayoría que permitió salvar este primer obstáculo.

Asignaturas pendientes

El balance socialista no oculta, sin embargo, que la legislatura llega al verano con asuntos decisivos sin resolver. El principal es el de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, después de que el Congreso rechazara por segunda vez la senda de estabilidad presupuestaria con los votos de PP, Vox y Junts.

El Gobierno sostiene que continuará preparando las cuentas y que puede utilizar como referencia el objetivo global de déficit incluido en el plan fiscal remitido a Bruselas. La situación, no obstante, abre un escenario político y jurídico poco habitual y confirma las dificultades de Moncloa para aprobar unos nuevos Presupuestos después de varias prórrogas de las cuentas de 2023.

También quedan pendientes la negociación definitiva de la condonación autonómica y otras reformas que dependen de una mayoría formada por partidos con intereses territoriales y políticos diferentes. Cada votación seguirá exigiendo acuerdos específicos con Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG o Coalición Canaria.