El fiscal delegado Anticorrupción de Valencia, Pablo Ponce, será uno de los fiscales que entrarán en la carrera por la fejatura de la Fiscalía Provincial de Valencia. Ponce está considerado como uno de los mejores fiscales especialistas en la lucha contra la corrupción y, entre las múltiples causas penales de esta materia que ha llevado están el caso Taula, el caso Azud o el Caso Erial, que ha sentado en el banquillo al exministro de Aznar y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana.
Ponce no pertenece a ninguna asociación. Históricamente, las jefatura se las han repartido entre la conservadora Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales. Sin embargo, el predicamento con el que cuenta Ponce dentro de la carrera fiscal hace posible que finalmente sea él el elegido por el fiscal general del Estado, Álvaro García.
En el caso de las asociaciones, la AF ya ha conseguido que uno de sus miembros, Jose Órtiz, sea elegido como fiscal superior de la Comunidad Valenciana, en sustitución de la progresista Teresa Gisbert, quien actualmente es la nueva fiscal de Sala de Menores. Por lo tanto, los miembros de la asociación conservadora saben objetivamente que presenten al fiscal que presenten, éste no va a salir elegido.
En cuanto a la UPF, sus candidatos optan a dos plazas, la que pretende Ponce y, por otro lado, la de teniente fiscal de la Fiscalía Superior, vacante desde la jubilación de otro progresista, en este caso Gonzalo López Ebri. Al haber dos plazas, ambas muy golosas en ristre, la posibilidades de que un independiente sea nombrado se incrementan exponencialmente. Respecto de los posibles candidatos de esta asociación que se puedan presentar a la jefatura, dos son los nombres que planean con más fuerza, pues ya se presentaron a la superior: Dora Cano, también destinada en Anticorrupción, y Rosa Guiralt, actualmente delegada en la Fiscalía de Vioencia de Género.
Ariete contra la corrupción
Pablo Ponce está considerado como el mayor ariete contra la corrupción que la Fiscalía tiene en Valencia. Es un fiscal que no se ‘casa’ con nadie, y su curriculum lo demuestra. Nunca le ha temblado el pulso a la hora de investigar a cualquier partido político, dando igual los colores del mismo, si bien es cierto que en el caso de Valencia, el Partido Popular se lleva la palma en estos temas.
Él ha sido el fiscal del caso Taula, que ha sentado en el banquillo al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, al conocido como el yonki del dinero Marcos Benavent, o al que fuera mano derecha en el Ayuntamiento de Valencia, y que ha sido recientemente condenado, Alfonso Grau. También fue él el fiscal del caso Erial, en el que el expresidente Valenciano Eduardo Zaplana se enfrenta a casi 18 años de prisión como autor del presunto amaño de dos adjudicaciones públicas, las ITV y los parques eólicos. El juicio acabó antes de verano y todavía no hay sentencia.
Actualmente se encarga de la investigación del caso Azud, donde el grueso de la causa se centra en el presunto amaño de contratos por parte del cuñado de Rita Barberá, José María Corbín. También están imputadas sus hijas; el ex vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, el ex subdelegado del Gobierno del PSOE, Rafael Rubio, el ‘socio’ de Corbín, Diego Elum, o el empresario acusado de ser el corruptor, Jaime María Febrer.
En esta macrocausa se investigan diversos contratos municipales de los que supuestamente tanto Corbín como Grau habrían cobrado sustanciosas mordidas. Unos sobornos que se habrían producido tras manipular los contratos públicos para que acabaran en manos de Febrer. Para ello, habrían contado con la colaboración de ciertos funcionarios municipales que también está investigados en esta causa. Según los investigadores, para dar apariencia de legalidad, tanto Corbín como Elum ‘fabricaron’ facturas falsas relacionadas con contratos entre los años 2006 y 2015.