El Consejo General del Poder Judicial, presidido por Carlos Lesmes, que está al frente también del Tribunal Supremo, está a punto designar nuevos e importantes jueces el 25 de este mes. Esta decisión coincide -¿será por casualidad?- con el inicio del juicio sobre los papeles B del antiguo tesorero del Partido Popular. Un acelerón, el de estos nombramientos, que pone otra vez bajo sospecha los intereses del PP que aún tiene muchas causas pendientes.

Precisamente, la reforma legal que prepara el Congreso está prevista para el mes de marzo. En cuanto se apruebe, el CGPJ ya no podrá designar nuevos jueces porque estará en funciones. De ahí, las urgencias del órgano de gobierno de la judicatura que lleva dos años en esta situación de provisionalidad, ante el rechazo del Partido Popular a renovarlo como establece la Constitución.

El ex tesorero, Bárcenas, que cumple condena en prisión por su papel en la corrupción de la trama Gürtel que afecta a su antiguo partido, ha dicho que hasta ahora había callado por las promesas recibidas desde el PP sobre la situación de su mujer, Rosalía Iglesias, también condenada en la misma sentencia, que no ingresaría en prisión. No ha sido así y ha roto su silencio. Si esta afirmación de Bárcenas es cierta, algo huele mal en el terreno judicial. ¿Cómo una formación política garantiza que puede influir en la Justicia?

Hoy, El Confidencial aporta otros datos reveladores: Bárcenas entendió como muestra de buena voluntad, la decisión del CGPJ, en 2018, de apartar al juez José Ricardo de Prada, uno de los tres magistrados de la primera sentencia de la trama Gurtel, de la deliberación de la Audiencia Nacional sobre el cumplimiento de las condenas.

La retirada del magistrado, temido por el PP, se produjo por un voto, precisamente el voto de calidad de Lesmes. La Audiencia dejó en suspenso las condenas a la espera de la decisión del Tribunal Supremo, que ha ratificado en todos sus puntos esta sentencia, así que los penados han ingresado en prisión como es el caso de Rosalía Iglesias.  

No debe ser gratuito, que todo el proceso Gürtel haya estado continuamente plagado de ataques contra los jueces que han actuado con la independencia debida. Desde Baltasar Garzón que instruyó la causa, inhabilitado por el Tribunal Supremo, a José Ricardo de Prada, alejado de toda posible promoción pese a ser un jurista de reconocido prestigio internacional, que ha recibido palos continuos por parte de la derecha política y judicial.

Otros jueces que han intentado hacer su trabajo sin admitir presiones en este asunto, como Pablo Ruz, también se han visto perjudicados. Así las cosas y con la que está cayendo, el presidente del PP, Pablo Casado, tiene el valor de cuestionar la independencia de la Fiscal General del Estado. Al PP le consta que faltan numerosos e importantes cargos que decidir en la Fiscalía y, como en el caso del CGPJ, le gustaría que los escogiera alguien menos progresista que Dolores Delgado. Veremos que otras novedades nos trae el juicio de los papeles B que acaba de comenzar.