La mayoría de los españoles considera que la Justicia no actúa de forma independiente. El 47,8% de la ciudadanía de nuestro país concibe que los jueces y fiscales no realizan su trabajo de forma objetiva, por el 34,9% que opina que los jueces y fiscales siempre lo hacen.

En cuanto a ideología, un 31,8% afirma que los tribunales actúan de manera más dura contra la izquierda, mientras que el 16% se refiere a esa imparcialidad, pero contra la derecha. Hay un 17% de la sociedad que evita pronunciarse. Estos datos, recogidos en la encuesta de Ateneo del Dato que elaboró elDiario.es entre el 9 y el 12 de junio, coincidien con la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a la exmilitante socialista Leire Díez.

El votante de derechas confía más en la imparcialidad de la Justicia

Según la misma encuesta, los votantes del PP son los que más confían en la imparcialidad de la Justicia, seguidos de los de Vox. Por el contrario, el electorado de PSOE y Sumar cree que los jueces y magistrados actúan con más fuerza cuando se trata de investigar a alguien de esos partidos o relacionado con ellos.

En unas semanas tensas para Ferraz, el 56% del votante del PSOE piensa que la Justicia en España no actúa de la misma forma ante la corrupción, independientemente de si los investigados son de izquierdas o de derechas. Cerca del 48% de los españoles que en los últimos comicios escogieron la papeleta del PSOE opina que la Justicia “actúa con más dureza contra la izquierda” y un 8,1%, que lo hace contra la derecha contra la derecha. Un tercio de los votantes del PSOE sí aprecia imparcialidad.

Entre el electorado del PP, el 58,1% considera la imparcialidad de la Justicia como un aspecto positivo a destacar en nuestro país. Solo un 18,6% aprecia mayor dureza hacia los conservadore y un 10,6% contra los progresistas. El votante de Vox, por su parte, confía en un 39,1% en la imparcialidad de los tribunales, aunque no escapa el 36,2% que cree que son más duros contra la derecha. Un 11,4%, que es más taxativa con los actores de la izquierda.

Con quién asocian más la corrupción los encuestados, depende de a quién se pregunte. En términos macro, saldría perdiendo el PSOE, dado que un 41,9% de los españoles asocian la corrupción con los socialistas, frente a un 32% que la vinculan con el PP y un 6,2% que hacen lo propio con Vox. El porcentaje desciende considerablemente en los casos de los electores socialistas, en el sentido de que un 29,6% vincula al PSOE con la corrupción y un 11,4% con Sumar.

Entre el electorado progresista, el guion da un giro de 180 grados, de manera que más de la mitad de los votantes del partido de Pedro Sánchez y un 69,4% de quienes se identifican más con Sumar asocian la corrupción con el Partido Popular. Asimismo, un 7,6% de los ciudadanos que apoyaron a los socialistas en los últimos comicios vinculan a la extrema derecha con la corrupción, un porcentaje que asciende hasta el 9,5% en el caso del votante de Sumar.

A pesar de la inversión

Se trata de cifras que van en la línea del cuadro de indicadores de la justicia de la UE que cada año elabora la Comisión Europea. Este otro análisis refleja que nuestro país se sitúa a la cabeza en inversión y tecnología, pero se le resiste la cuestión judicial. España mejora ligeramente respecto a informes anteriores, pero se mantiene muy lejos de las grandes economías de los Veintisiete, entre las que se encuentran Alemania, Francia o Italia.

En concreto, nuestro país se sitúa en el puesto número 22, dejando únicamente atrás a Chipre, Eslovaquia, Croacia o Bulgaria, un ránking en el que los motivos de la posición pasarían por los poderes políticos o empresariales.

En cualquier caso, un 45% de los españoles tiene una percepción negativa de la Justicia, según este estudio, por el 40% que tiene la contraria. Es cierto que entre los ciudadanos la visión positiva gana apenas un par de puntos respecto del año anterior, pero en la percepción de las empresas, la confianza en la independencia de los jueces crece con más fuerza. Sea como fuere, si se compara con el mismo indicador en el resto de países, el nuestro no abandona los últimos puestos de la UE.

El crecimiento de un año para otro de las compañías con una visión positiva de la independencia judicial es del 5%, lo que nos deja en el puesto 19, también lejos de nuestros países de referencia. Los datos, sin embargo, contrasta con el gasto público que se destina a este servicio, y es que España está a la cabeza en inversión en justicia y es uno de los Estados de la Unión Europea con mejor nota en aplicación de las nuevas tecnologías al sistema judicial, quedándose en el puesto nueve entre los que más invierte respecto de su PIB.

Tanto en una comparativa con el tamaño de la economía, como centrándose en el número de habitantes, las calificaciones de España están entre las mejores en acceso a la información judicial a través de internet, la digitalización de juzgados y tribunales, el uso de la IA, las videoconferencias, la digitalización de expedientes, la disposición de medios y aplicaciones para profesionales y ciudadanos…

A pesar de ello, España acarrea otro problema, y es que sigue estando muy por debajo de la media en número de jueces por cada 100.000 habitantes; una cifra que, se espera, mejora en la próxima edición.

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