La aplicación total de la amnistía a los líderes del procés independentista catalán se ha ido desarrollando durante la última semana, después de que el Tribunal Constitucional resolviera conceder también el perdón al delito de malversación. El órgano de garantías, con su presidente progresista, Cándido Conde-Pumpido, a la cabeza, dedicó en su texto varios reproches al Supremo por haber retrasado dos años la aplicación de la ley aprobada por el Gobierno. El Alto Tribunal aplicó de inmediato la doctrina al expresident Carles Puigdemont y el resto de líderes nacionalistas, pero no sin adentrarse en una guerra entre instancias sin precedentes.
La tensión ha tocado techo este martes, con el auto del magistrado conservador del Supremo que dirigió el juicio del procés en 2018. Manuel Marchena declaró extinta la responsabilidad penal de los exconsellers condenados Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva; aplicando la doctrina fijada por el Constitucional la semana anterior con Dolors Bassa. Pero más allá de esta decisión histórica, que coincide -aunque estaba ya previsto anteriormente- con el arranque de la campaña electoral para el 29 de noviembre, Marchena declaró en su texto la guerra al tribunal de Conde-Pumpido, al que criticó por la forma en la que ha aplicado la Ley de Amnistía a los independentistas.
Los ataques del Supremo al Constitucional: “Innecesaria grandilocuencia”
El tono entre ambos tribunales venía en aumento desde que el juez de la Sala de Lo Penal del Supremo, Pablo Llarena -el instructor del procés-, levantó la orden de detención contra Puigdemont, nada más fijar doctrina el Pleno del Constitucional sobre Bassa, con los votos a favor de sus siete miembros progresistas -incluido Conde-Pumpido, y en contra de los cinco conservadores. El magistrado acusó al órgano de garantías de falta de “mesura”.
Marchena, ponente de la resolución de este martes, ha ido más allá, y ha señalado directamente una “injerencia” del Constitucional en el Supremo. En concreto del “grupo mayoritario”, es decir, de los jueces progresistas, al que acusa de haber “ensanchado hasta límites históricos” sus funciones. La “capacidad revisora de interpretación” del tribunal, recogida en la ley, dicen, “está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978”.
El Supremo se reivindica como una sala de “jueces independientes, inamovibles, responsables ante la ley”, frente a los del Constitucional, “quienes sin esas garantías y durante un período temporal cerrado de 9 años se ocupan de preservar las garantías constitucionales”.
Sobre la propia sentencia que aplicó la amnistía a la malversación en el caso de Bassa, Marchena critica la falta de “contención”, y acusa a Conde-Pumpido de escribir en ella “consideraciones que son manifiestamente prescindibles para otorgar sentido a la resolución estimatoria”. Además, el magistrado reprocha la “innecesaria grandilocuencia” del Constitucional, que “revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional” del Supremo.
El Constitucional señaló la “contradicción interna” del Supremo
Aunque lo ha hecho arrastrando los pies y atacando hasta el último momento, los jueces que condenaron a los líderes del procés han terminado claudicando, después de dos años sin aplicar la Ley de Amnistía en los que han sostenido su incompatibilidad con el delito de malversación. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fue el primer paso, que negó el argumento del daño a los fondos comunitarios por el dinero empleado en la organización del referéndum de independencia de 2017. Con el fallo del Constitucional, de la pasada semana, el proceso quedó cerrado de forma definitiva, abriendo las puertas de España a Puigdemont.
El tribunal de garantías reprochó al Supremo en su sentencia haber interpretado “en un sentido claramente expansivo” la responsabilidad penal de los reos. El texto de Conde-Pumpido señaló una “contradicción interna” en la Sala Segunda, que no dijo que los líderes se enriquecieron gracias al procés cuando les condenaron, pero sí esgrimieron ese argumento para negarse a aplicarles la amnistía. Esto, decía, “excede los límites de interpretación de la ley”.
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