¿Por qué el PP se ha negado a renovar el Tribunal Constitucional en el Senado durante esta legislatura?

El PP se ha sumergido de lleno en la estrategia y las políticas de la ola internacional reaccionaria. Los ejemplos son numerosos: tildar al presidente de ilegítimo o dictador, recurrir al insulto permanente, criminalizar a la inmigración, etc., y ahora, tras la convocatoria de elecciones generales, ha vuelto a la estrategia de difundir el bulo sobre un posible fraude electoral.

El Senado es también un claro ejemplo de las consecuencias de la deriva del PP hacia la extrema derecha. Jamás se había vivido un deterioro democrático tan profundo en la Cámara Alta. De hecho, el PP ha convertido el Senado en un laboratorio de ensayo del trumpismo, dispuesto a exportarlo al resto de instituciones del Estado si alcanza el poder de la mano de Vox y UPN.

Los ejemplos son muchos y variados. Así, para conseguir sus objetivos partidistas, el PP no ha dudado en utilizar su mayoría absoluta para que el Senado adopte decisiones que no le corresponden como cámara de representación territorial; en imponer varias reformas del reglamento de la Cámara, la primera ya declarada inconstitucional; en manipular la voluntad del Senado dando por aprobado un veto a una ley que nadie presentó, debatió ni votó, con el fin de ocultar un cambio de sentido de voto respecto al Congreso; en censurar los discursos políticos de otras formaciones e, incluso, del propio Gobierno; y en impedir que la Cámara adopte las decisiones que la Constitución le obliga a asumir. En definitiva, practica un bicameralismo conflictivo, más centrado en generar polarización política y en el acoso y derribo al Gobierno que en mejorar la vida de las personas y fortalecer el Estado autonómico español.

El último episodio de esta estrategia trumpista del PP ha sido el bloqueo en la renovación de los cuatro magistrados y magistradas que le corresponden al Senado. A pesar de que el presidente del Tribunal Constitucional, en tres ocasiones, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en muchas más, han requerido dicha renovación, la derecha lleva casi un año recurriendo a todo tipo de excusas y argucias para incumplir su deber institucional.

El Grupo Parlamentario Socialista lleva mucho tiempo reclamando la renovación del TC. Ya en 2025 presentamos una iniciativa para que el presidente de la Cámara cumpliera la Constitución y el Reglamento e impulsara el procedimiento de renovación. La mesa de la cámara, controlada por el PP, imposibilitó su tramitación alegando que su contenido afectaba a la autonomía del presidente del Senado. Todo un despropósito jurídico porque supone afirmar que el presidente del Senado está por encima de la Constitución. En abril de este año volvimos a intentarlo mediante una moción en la comisión constitucional que finalmente no prosperó por el voto en contra del PP.

Durante meses se ha argumentado que algunos parlamentos autonómicos todavía estaban pendientes de constituirse y que, por tanto, no podía completarse adecuadamente el procedimiento. Pues bien, cuando ya todos estaban constituidos, el obstáculo había desaparecido, y solo permaneció el bloqueo. De hecho, la mesa del Senado controlada por el PP volvió recientemente a prorrogar por sexta vez consecutiva el plazo para que los parlamentos autonómicos remitan sus candidaturas. Y como era previsible, las prórrogas han continuado hasta que han quedado disueltas las Cortes tras la convocatoria de elecciones.

La situación de bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional resulta sumamente grave desde una perspectiva constitucional y política. Desde el punto de vista constitucional, supone un flagrante y alevoso incumplimiento de la norma fundamental por exclusivos intereses partidistas del PP. Además, se pone en riesgo la apariencia de legitimidad de las resoluciones del Tribunal Constitucional, puesto que algunas de ellas se adoptan con la participación de magistrados y magistradas que ya deberían haber sido renovados. Desde una perspectiva política, se vuelve al bloqueo institucional en la renovación de órganos del Estado, cuyo último episodio fue la paralización de la renovación del CGPJ por parte del PP durante más de cinco años y medio.

El comportamiento del PP es más propio de un partido antisistema que de un partido de Estado. La paradoja es que el partido que se atreve a dar lecciones de constitucionalismo al resto de formaciones -que incluso reprochó a las fuerzas independentistas el incumplimiento de la Constitución para alcanzar sus objetivos políticos durante el procés- hoy no duda en pasar por encima de la norma fundamental para conseguir los suyos.

Obviamente, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué interés ha tenido la derecha para incumplir la Constitución? ¿Qué hay detrás de su comportamiento? Lo ha hecho porque, en sus ensoñaciones, consideran que las elecciones generales pueden proporcionarles, junto a la ultraderecha, una mayoría suficiente de tres quintos en el Senado para imponer una mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional que pudiera avalar la constitucionalidad de medidas tan restrictivas de derechos como, por ejemplo, la prioridad nacional.

Al respecto, conviene recordar que es un hecho incontestado que en los Estados donde gobierna la internacional reaccionaria se están produciendo graves involuciones democráticas y restricciones de los derechos fundamentales, especialmente de las mujeres y las minorías. Y, por tanto, son conscientes de que muchas de las leyes que pretenden pactar con la extrema derecha no superarían un control garantista de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional. Desde su punto de vista, una mayoría conservadora del TC sería más benevolente con su giro a la extrema derecha, en la misma estrategia que Trump aplicó en EE.UU.

En conclusión, queda claro que el PP se ha sumergido de lleno en las estrategias e ideas de la internacional reaccionaria y que el Senado ha sido su laboratorio de ensayos. Se ha negado a renovar el TC para dominarlo en el futuro y así evitar cualquier obstáculo de control a su eventual pacto de gobierno con la extrema derecha.  Sin duda, todo un serio aviso sobre sus planes de futuro. De hecho, ya son muchas las personas que piensan que, detrás de estas estrategias de la derecha, lo que está en juego en las próximas elecciones generales no es un cambio de gobierno, sino un intento de cambio de régimen. Luego, que nadie se lleve las manos a la cabeza.

Toni Magdaleno Alegría es Portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Senado y Profesor Titular de Derecho Constitucional.