El pasado 27 de mayo, el Tribunal Constitucional tomó una decisión que no ha dejado de sorprender en fuentes jurídicas por lo inhabitual: dotarse de un llamado "protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo". Una medida que, según han explicado a ELPLURAL.COM, podría tener que ver con las situaciones cuando menos incómodas que durante meses han vivido algunas funcionarias.



Altas funcionarias discuten sobre el trato de acoso que reciben
De hecho, el pasado mes de diciembre en este periódico les informábamos de cómo llegó a producirse en la biblioteca del Tribunal Constitucional una reunión entre varias 'altas funcionarias' que desde el verano anterior habían estado padeciendo situaciones que podrían calificarse de acoso en concreto por parte de uno de los magistrados.

Les explicábamos entonces que estas mujeres lo que buscaron fue poner en conjunto sus vivencias con ese juez, del grupo de los llamados "conservadores", y asegurarse de que los acercamientos que les había hecho el magistrado iban más allá de impresiones subjetivas, de que no se trataba simplemente de un trato amistoso o 'excesivamente amistoso' , sino que lo que vivían superaba lo aceptable en un ambiente laboral.

Estas mujeres, aunque lo consideraron, al final optaron por no realizar una denuncia conjunta, pero sólo unos meses después, como decimos, se ha producido la publicación de este protocolo específico para el alto tribunal. Un hecho que en algunos ambientes se ha entendido como una forma de dar una cierta satisfacción a las altas funcionarias a las que nos hemos referido.

¿Los magistrados quedan excluidos del protocolo?
En el protocolo se anuncia la creación de una Comisión específica contra el acoso sexual y por razón de sexo que estará formada por personas a las que se anuncia que se darán cursos de formación en esta materia. Así mismo se anuncia que también se fomentará la realización de cursos para los trabajadores del Tribunal.

Aún así, ha causado cierta perplejidad la redacción que se hace en cuanto a las personas afectadas por este protocolo, ya que se escribe que "será de aplicación a las personas que presten servicios en el Tribunal Constitucional, durante la permanencia en el mismo y en los seis meses siguientes a la finalización de dicha vinculación". Esta redacción resulta conflictiva porque algunas personas piensan que se podría entender que excluye a los propios magistrados del Tribunal, que no estarían entre 'las personas que prestan servicios', sino que 'son' el Tribunal Constitucional, y que de esta forma se 'aforarían' frente al protocolo.