La denuncia de Manos Limpias contra los aficionados que asistieron a la final de la Copa del Rey por un delito de ultrajes a España ante "la enorme y masiva pitada al himno nacional", y contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, por "ser cooperador necesario", no tiene muchos visos de prosperar. Tal y como recuerda Antonio Maestre en La Marea, la Audiencia Nacional ya dictaminó que este tipo de manifestaciones están amparadas por la libertad de expresión. Así consta en un auto de este tribunal en relación a una querella de la Fundación DENAES (liderada por el expopular Santiago Abascal, que dejó el PP para fundar VOX) a raíz de la pitada al himno en la Final de la Copa del Rey que se celebró en 2009 en el Mestalla de Valencia y que enfrentó a los mismos equipos.

Denaes consideraba que podía haber delitos de injurias al rey, apología del odio nacional y ultrajes a España. El juez Santiago Pedraz no admitió a trámite la querella por considerar que tales expresiones “no pueden considerarse difamatorias, injuriosas o calumniosas, ni mucho menos que propugnen el odio nacional o ultraje a la nación” por lo que no son merecedoras de reproche penal.

La fundación españolista recurrió esta decisión y la Audiencia Nacional ratificó el criterio del juez Pedraz. En su auto, asegura que no existe en el acto de pitar el himno "conducta injuriosa en los términos descritos en el Código Penal con el Jefe del Estado ni tampoco delito de ultrajes a España definido en dicho texto legal y del delito de apología del odio nacional”.

"Este tribunal entiende que no encaja en los preceptos penales denunciados el comportamiento más que desagradable que hubieron de soportar los monarcas y todo aquel que no compartiera lo que estuviera aconteciendo", señala. Tampoco ve reproche penal alguno en "el hecho de colocar una pancarta con el lema adiós España en idioma inglés, probablemente en evitación de utilizar el español, a la par que se exhibía una bandera catalana independentista". En su opinión, todo esto está amparado en la libertad de expresión.

Aunque considera que los pitidos “no son ejemplo de educación ni de civismo mínimo exigible para ser respetado", concluye que "nada hay que oponer a que se esté en desacuerdo con instituciones o símbolos del estado y su forma y régimen fijados en el marco constitucional”.