Koldo declara este jueves en el Supremo tras el informe que le señala como "gestor" de los fondos "opacos" de Ábalos

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos durante su época al frente del Ministerio de Transportes, está citado este jueves a las 10:00 horas en el Tribunal Supremo para responder por el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le señala como “gestor y custodio” de los fondos “opacos” que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

Leopoldo Puente, instructor del ‘caso Koldo’, volvió a llamar al que fuera asesor tras recibir el nuevo informe de la UCO, al igual que hizo con José Luis Ábalos, que pasó por el tribunal este miércoles aunque se acogió a su derecho a no declarar. Dicho informe señala que Koldo “actuó como custodio y gestor del dinero de Ábalos”, de modo que “parte de los gastos de este último eran sufragados y liquidados” por su asesor “con vistas a una eventual restitución institucional”.

De esta forma, en el informe se asegura que existía una reserva de dinero en metálico que no encontraría respaldo en los ingresos regulares del exdirigente socialista y de la que Koldo dispondría para hacerse cargo de pagos que corresponderían a su entonces jefe, tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, la empleada doméstica o regalos a sus parejas.

En lo que respecta a los pagos con dinero en efectivo que el PSOE pagó a Ábalos, estas cantidades fueron refrendadas por los documentos que remitió el partido y que demostraban que correspondían a los gastos de representación, dejando en claro que no existía una financiación ilegal en el Partido Socialista.

Tras el informe, que también señala que Koldo y su mujer, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones en WhatsApp que parte del dinero que gestionaban no era suyo, sino de Ábalos, el magistrado cree que el exministro y el exasesor “pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen”.

El silencio como respuesta

Ábalos, en su citación este miércoles por estos hechos, a diferencia de las tres ocasiones anteriores, optó por guardar silencio. El exministro habría alegado que se sentía indefenso por no contar con un abogado de su confianza, dado que estuvo asistido por su hasta ahora letrado, José Aníbal Álvarez, al que quiso renunciar el pasado lunes por "diferencias irreconducibles", pero el magistrado no le dejó.

Por su parte, Koldo, que declaró el pasado diciembre en su primera comparecencia como imputado en el Supremo por el caso al que da nombre, ya apostó el pasado mes junio por callar. Esta vez, se espera que tampoco hable, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Preparado para la prisión

A diferencia de Ábalos, sobre quien este miércoles el Supremo descartó enviarle a prisión provisional, Koldo García está preparado para entrar en prisión. Este jueves se enfrenta a una vistilla para revisar las medidas cautelares que tiene vigentes desde el pasado febrero: prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.

Fuentes del entorno de García aseguran que se encuentra preparado para entrar en prisión provisional, medida que hasta la fecha solo ha prosperado con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas debido a su “papel principal” en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

No obstante, la defensa de García en su último movimiento solicitó el pasado martes al Supremo que anulara y archivara las pesquisas en todo lo que el Congreso de los Diputados no había autorizado expresamente al conceder el suplicatorio para investigar a Ábalos, el único aforado de la causa y el motivo por el que García también está investigado.

En su escrito, argumentaba que todo lo que excede el mandato parlamentario debe quedar fuera de la investigación del Supremo, de modo que el alto tribunal solo podría indagar en las supuestas adjudicaciones irregulares de contratos para comprar material sanitario en plena pandemia a una empresa vinculada al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.