El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha admitido a trámite una querella por acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala del Partido Popular contra el actual alcalde del municipio, Manuel Bautista, y contra el propio Partido Popular como persona jurídica. La resolución judicial, firmada por la magistrada Eloísa Márquez de Prado, aprecia indicios suficientes para investigar hechos que podrían constituir varios delitos graves, entre ellos acoso sexual, acoso laboral, coacciones, lesiones y revelación de secretos.
La querella, a la que ha tenido acceso El País, fue presentada por el letrado Antonio Suárez-Valdés en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles. Posteriormente, el caso fue derivado a un órgano especializado en violencia sobre la mujer, que finalmente la admitió a trámite el pasado 15 de abril, reforzando la gravedad de los hechos denunciados.
El auto judicial señala que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos” de estos delitos, por lo que se han abierto diligencias previas. La denunciante declarará el próximo 29 de junio y será evaluada por un médico forense para determinar las posibles secuelas.
Un relato de insinuaciones y represalias
La querella describe una relación que comenzó en 2022, cuando Bautista incorporó a la denunciante a su equipo y la situó como número dos de su candidatura. En ese contexto, la exedil ha sostenido que comenzaron insinuaciones sexuales reiteradas, especialmente en situaciones privadas como desplazamientos en coche. Según su testimonio, estas propuestas fueron explícitas y constantes, y siempre rechazadas.
A partir de ese momento, ha relatado, se produjo un cambio radical en el trato. La negativa habría derivado en una dinámica de hostigamiento profesional, con la difusión de rumores sobre una supuesta relación entre ambos y comentarios de carácter sexual dentro del entorno del partido. La situación, asegura, generó un clima de presión que incluso la llevó a plantearse abandonar la candidatura antes de las elecciones.
Ya en el Ayuntamiento, la denunciante asegura que sufrió acoso laboral sistemático: exclusión de reuniones, retirada de funciones y marginación institucional. “Durante más de un año que desarrollé mi puesto de concejal, todos mis compañeros defendieron mociones excepto yo”, recoge el escrito.
“Manuel me prohíbe ir a actos convocados por el PP de la Comunidad de Madrid y participar activamente en actos y eventos del PP de Móstoles. Se produce una reasignación continúa de tareas menores que no se corresponden con mis funciones ni con mi cargo como concejal, privándome de cualquier presencia en actos relevantes”, ha aseverado la mujer.
El PP, señalado por inacción y presión
Uno de los elementos más controvertidos del caso es la respuesta interna del partido. La exconcejala sostiene que pidió ayuda durante meses sin que se activaran mecanismos eficaces. En ese proceso, mantuvo contactos con dirigentes del PP madrileño como Alfonso Serrano y Ana Millán.
Según la querella, lejos de recibir apoyo, fue presionada para no denunciar. Entre las frases que asegura haber escuchado figuran: “protegerte es no hacer nada”, “ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir”, “llegados a este punto en el que no puedes más y vas a denunciar, o “¿te merece la pena denunciar por tus hijos, por ti, por tu padre?”. La defensa considera que estas actuaciones evidencian una estrategia de disuasión y una falta de protección a la víctima.
Insistió durante meses. Sin embargo, el Partido Popular madrileño no adoptó ninguna medida efectiva. La propia Millán llegó a reconocerle, según la querella, que era “amiga personal” de Bautista, a pesar de lo cual fue designada como interlocutora en el caso, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad del proceso. La situación acabó teniendo un fuerte impacto personal. La presión acumulada llevó a la denunciante a entregar su acta de concejala y a solicitar la baja como afiliada del partido, en el que militaba desde 2010.
Posteriormente, acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, órgano encargado de velar por el cumplimiento de los estatutos internos. Sin embargo, según la documentación disponible, el expediente fue archivado sin escucharla, sin citar a los testigos propuestos y sin notificarle siquiera el cierre del procedimiento. El caso quedó así zanjado en el ámbito interno sin investigación efectiva.
Del silencio al descrédito público
Tras la publicación del caso en febrero, la querella sostiene que se produjo una campaña de desprestigio contra la denunciante. Se habrían difundido informaciones tergiversadas y correos electrónicos en los que aparecía su identidad, hechos que podrían constituir un delito de revelación de secretos.
A pesar de la apertura de diligencias, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido públicamente al alcalde, asegurando que “es magnífico” y que desconoce las acusaciones. Desde la oposición, voces como la de Manuela Bergerot han exigido su dimisión, señalando que los hechos apuntan a un posible “patrón de acoso sexual y laboral aprovechando una posición de poder”.
La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades penales. Pero el caso ya plantea un serio cuestionamiento sobre la actuación del Partido Popular, al que la querella señala no solo por su inacción, sino por haber gestionado internamente la denuncia sin garantías, sin transparencia y sin proteger a quien afirmaba estar sufriendo acoso dentro de sus propias filas.
