Juicio Kitchen, semana 2: Cosidó y la cúpula policial desfilarán por la Audiencia Nacional

Tras una semana protagonizada por los pesos pesados de la trama, la Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio de la Operación Kitchen, uno de los casos de corrupción más sensibles de la historia de la democracia española. En este segundo asalto judicial, dejando atrás cuestiones técnicas y recursos de las defensas, el proceso se concentra en las declaraciones de testigos. Una lista de citaciones que encabeza el que fuera portavoz del Partido Popular en el Senado y ex director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó. Al margen de otros mandos de la cúpula policial implicados en el funcionamiento del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

La figura de Cosidó está grabada en la retina de la población española tras filtrarse sus whatsapps durante la negociación con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Mensajes en los que el dirigente popular se jactaba de que el pacto suscrito con los socialistas les permitiría “controlar por la puerta de atrás” la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sin embargo, antes de su descuido en la Cámara Alta, encabezó el organigrama de la Policía Nacional durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Es decir, en plena efervescencia de las cloacas policiales que la Audiencia Nacional juzga escudriña desde la semana pasada.

El ex director general de la Policía Nacional – entre los años 2012 y 2016 - está citado este martes en sede judicial. Tras su comparecencia, llegará la de otros altos mandos del Cuerpo como el comisario Enrique Barón, antiguo responsable de la Comisaría General de Información; así como Mariano Hervás, que ocupó el segundo escalafón en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Sus testimonios serán cruciales para arrojar luz sobre las sombras que envuelven al engranaje interno de un operativo que, según la Fiscalía, se habría diseñado con el fin de obtener información comprometedora del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas para minimizar el impacto de la Caja B sobre Génova 13.

Además, está previsto que entre el lunes y el miércoles declaren más de una decena de agentes del Cuerpo para reconstruir desde dentro los engranajes del dispositivo parapolicial. El jueves, según consta en la agenda, será el turno de aquellos perfiles ajenos a la estructura policial directa, como es el caso del actual director de la prisión de Soto del Real – donde ingresó el propio Bárcenas -, así como otro ex responsable del centro penitenciario. A todos ellos les seguirán los relatos de notarios y periodistas que podrían aportar contexto sobre los movimientos y filtraciones vinculados a la trama.

Una semana más de un juicio que se prevé largo, complejo y que, además, tiene en el banquillo a figuras estratégicas del Gobierno del Partido Popular como el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o su número dos, Francisco Martínez. Al margen del excomisario José Manuel Villarejo y el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Las defensas de algunos acusados aprovecharon la primera semana para reclamar la suspensión del juicio por presuntas deficiencias en el proceso de instrucción, reclamando a su vez la nulidad de los audios incautados a Villarejo – uno de los pilares sobre los que se erige el proceso -. No obstante, el tribunal rechazó las peticiones y dio viabilidad a la continuación de la vista oral.

La no imputación de Cospedal

Entre tanto, el Partido Socialista, personado como acusación popular, trató de reabrir el debate sobre la imputación de la que fuera ex secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. También de su exmarido, Ignacio López del Hierro. El PSOE solicitó la suspensión del proceso para retrotraer actuaciones y reincorporarlos a ambos como investigados en lugar de como testigos. No obstante, el tribunal también desestimó el requerimiento de los socialistas.

Así las cosas, las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción reflejan la gravedad de los hechos investigados. Para Fernández Díaz se piden 15 años de prisión y 33 de inhabilitación por delitos de encubrimiento, malversación y vulneración de la intimidad. La misma pena de cárcel se reclama para Francisco Martínez, Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, exresponsable de seguridad de Cospedal.

En el caso de Villarejo, la Fiscalía eleva la petición hasta los 19 años de prisión, mientras que para el también acusado Sergio Ríos solicita más de 12 años de cárcel y la anulación de su condición como funcionario policial. Otros mandos, como el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, se enfrentan a penas menores, mientras que para algunos agentes la propia Fiscalía ha solicitado el archivo al no apreciar indicios suficientes.

La segunda semana del juicio marca así un punto de inflexión en una causa que examina el presunto uso de recursos públicos para fines partidistas, con la mirada puesta en los testimonios de quienes ocuparon posiciones clave dentro de la estructura policial.