El juez Peinado trata de silenciar a ElPlural.com con una demanda de 300.000 euros

El juez Juan Carlos Peinado ha presentado una demanda contra ElPlural.com, Cadena Ser y el activista Fernando Jabonero. El magistrado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid y encargado de la polémica causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, cimenta su exposición de motivos en que este periódico, al igual que el resto de los demandados, vulneró su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

La demanda, recibida en la sede física de ElPlural un mes más tarde de conocer las voluntades de Peinado a través del diario El Confidencial, consta de 352 páginas y se vertebra principalmente en que las tres partes demandadas difundieron información que permitía localizar y ubicar la vivienda que el juez Juan Carlos Peinado posee en La Adrada, un pequeño municipio de Ávila a menos de 100 kilómetros de Madrid, donde el instructor desempeña su labor profesional. 

Concretamente, y tal y como recoge el propio escrito, las quejas del juez Juan Carlos Peinado tienen que ver con una serie de exclusivas que lideró ElPlural.com y que versaban sobre las presuntas irregularidades del chalet que el magistrado ostenta en el municipio abulense. Esta investigación, prolífica, amplia en fuentes y certera, giró en torno a varios descubrimientos: el primero, y más evidente, es que esta vivienda, pese a sus dos plantas, piscina y zonas comunes, estaba registrada en el catastro como “almacén”. Pero no se quedó ahí: la construcción de la piscina, presuntamente ilegal por la ausencia de licencias; la protección del Ayuntamiento de La Adrada a la hora de impedir el acceso a la información; el desbordamiento de aguas fecales; la ausencia de regularización; la “criminalidad urbanística” que apreció la Fiscalía o la condena que el propio juez recibió obligándole a pagar más de 75.000 euros a una constructora fueron otras de las informaciones adelantadas por este periódico. 

Toda esta investigación, liderada por ElPlural.com y amparada en el derecho a la información que asiste a los medios de comunicación por la relevancia pública del personaje -instructor de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno amparada en recortes de prensa realizados por Manos Limpias y que ha terminado en la apertura de juicio oral y la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, así como en la petición de expediente al juez por parte del CGPJ-, es la que el juez Juan Carlos Peinado trata de silenciar a través de una demanda en la que, además, y haciendo alusión a toda una serie de hipótesis de lo más variopintas -desde la persecución institucional en su contra hasta la descripción de un presunto operativo para erosionar su maltrecha credibilidad-, critica muy sustancialmente a ElPlural.com.

“Finalmente, no puede obviarse el papel desempeñado por el diario codemandado ElPlural dentro de este contexto de presión mediática, en tanto ha venido publicando una cantidad extraordinariamente elevada de informaciones relativas al demandante, configurando una exposición continuada y sistemática de su persona en el espacio público”, indica el escrito, que prosigue justificando que este volumen de publicaciones “refuerza la idea de que la actuación del referido medio no se ha limitado a una cobertura informativa neutral de los hechos, sino que se ha integrado de facto en el clima de presión pública dirigido contra el Sr. Juan Carlos Peinado”.

Una sospecha elevada a categoría que motiva el diferente trato recibido por ElPlural.com respecto a otros medios. En esta propia querella, y fruto de la capacidad viralizadora y de difusión que reconoce el juez a este medio, Peinado hace una ostensible diferencia en la indemnización que solicita a las partes: mientras a ElPlural.com le reclama 300.000 euros, el instructor deja en 50.000 euros su petición a Cadena Ser y en 100.000 euros a Fernando Jabonero. 

Lupe Sánchez, importantes conexiones y un festival de demandas

La querella presentada contra ElPlural.com, Cadena Ser y Fernando Jabonero por parte del juez Peinado está firmada por Guadalupe Sánchez Baena. Esta abogada, articulista además del medio The Objective, cuenta entre sus representados con personas poderosas y ampliamente vinculadas como Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el rey emérito Juan Carlos I u otros perfiles vinculados a la política o los medios de comunicación como Esperanza Aguirre, Isabel Durán o David Alandete, entre otros. 

El modus operandi de Lupe Sánchez ha sido similar con cada uno de sus representados. No en vano, las demandas presentadas en nombre del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid provocaron que la oposición madrileña otorgase a González Amador el sobrenombre de “mayor denunciador de la Villa de Madrid”. Y es que, si sumamos todo el dinero que reclaman los clientes de Novalex a políticos de izquierdas o periodistas progresistas, la cifra asciende por encima del millón de euros. 

El frente judicial abierto por el novio de Ayuso cuenta entre sus víctimas con Pedro Sánchez (100.000 euros), Félix Bolaños (50.000 euros), Óscar López (50.000 euros) o la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuya demanda —por valor de 40.000 euros— fue rechazada por el Tribunal Supremo. También figuran en la lista representantes de PSOE, Más Madrid y varios portavoces socialistas, con cantidades que oscilan entre los 10.000 y los 30.000 euros.

Por su parte, el juez Juan Carlos Peinado activó su particular ofensiva judicial contra nombres propios del panorama político y mediático. Reclamó 430.000 euros en total a figuras como Pablo Iglesias, RTVE, Antón Losada, Ernesto Ekaizer, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Gabriel Rufián, a quien solicitó 70.000 euros por considerar que insinuó una presunta prevaricación en su actuación durante la instrucción del llamado caso Begoña.

En el caso del monarca, la reclamación se limitó a unos 50.000 euros. Su defensa, según fuentes jurídicas, se centra en declaraciones públicas de figuras como Miguel Ángel Revilla, Corinna Larsen o el exasesor suizo Dante Canonica, a quienes acusó de haber lesionado su honor con afirmaciones relacionadas con sus finanzas personales y su vida privada.

ElPlural.com se suma ahora a esta lista de denunciados. 300.000 euros reclamados, cantidad muy superior a la solicitada en otros frentes, por la publicación de una serie de exclusivas sobre un juez que lleva siendo protagonista de la actualidad desde hace algo más de dos años, momento en el que decidió abrir una causa a Begoña Gómez que le ha valido el reproche de la Audiencia Provincial y del CGPJ en diferentes ocasiones.