El juez Juan Carlos Peinado cita a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez para la audiencia preliminar al juicio por jurado popular, en el que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Las dos acusadas deberán presentarse en los juzgados de Plaza de Castilla este martes a las 18:00 horas, según ha dictado el magistrado en el auto al que ha tenido acceso ElPlural.com.
Al mismo tiempo, Peinado rechaza citar a declarar como testigo al profesor José Manuel Ruano de la Fuente, codirector de la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. La defensa de la mujer del presidente del Gobierno pidió esta diligencia en su escrito de conclusiones, presentado hace unos días, pero el juez responde que "no se considera imprescindible para resolver sobre la apertura del juicio oral", que es lo que se abordará en la audiencia de este martes.
Peinado ha anunciado el trámite este lunes, tras presentarse los escritos de las defensas, y ha citado a Gómez y a la que fue su asesora en Moncloa un día después. En su escrito, el nuevo abogado de la esposa de Pedro Sánchez volvió a pedir su absolución, y defendió que los hechos investigados "no son constitutivos de delito alguno".
Esta audiencia preliminar se convoca con arreglo a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara en julio que el juicio contra Gómez y Álvarez se celebrase por ese procedimiento. La sección 23, sin embargo, eliminó los delitos imputados a ambas por Peinado de corrupción en los negocios y administración desleal; y dejó fuera del procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés, acusado de haberse beneficiado de la intermediación de Gómez. Los jueces ordenaron que continúe la investigación contra él, pero en una pieza separada.
Begoña Gómez pide su absolución y defiende a su asesora
La Audiencia mantuvo el procesamiento de Gómez por tráfico de influencias y malversación, y en el caso de Álvarez la situaron solo como posible cooperadora del segundo delito. Esto fue una corrección al auto de apertura de juicio oral dictado por Peinado unas semanas antes, y al cambiar las acusaciones hizo necesario que se volvieran a presentar escritos de defensa antes de una nueva audiencia preliminar, que es lo que convoca el juez ahora.
En ese auto, Peinado también ordenó retirarle el pasaporte a Gómez, levantando una polémica más en su instrucción. La Audiencia Provincial ordenó levantar las medidas cautelares, y dio otro varapalo al juez: "No puede afirmarse que concurra con la intensidad exigible un riesgo real y efectivo de fuga que justifique el mantenimiento de las medidas acordadas", apuntaron.
Abierto de nuevo el plazo para presentar escritos, el nuevo abogado de Gómez reclamó su absolución, defendiendo que la posición de Cristina Álvarez como asesora ha sido una constante en todas las parejas de los presidentes del Gobierno de España, las cuales, según apuntan, con personal de apoyo para tareas de “carácter institucional”, pero también de “naturaleza privada o profesional”.
En el escrito conocido el pasado viernes, la defensa recordó que la esposa de José María Aznar, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, contó en sus memorias que su asistente personal la acompañaba en actos oficiales y en tareas estrictamente privadas, como asistir a desfiles de moda, al Camino de Santiago o con los preparativos de la boda de su hija. Igualmente, también indicó que, si el juicio termina por celebrarse, reclamarán que se expongan durante el juicio las fotografías en las que Jaime de los Santos, actual miembro de la Ejecutiva del Partido Popular, aparece portando las bolsas de la tienda Escada de Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy. De los Santos cobró del erario público por desempeñar el puesto de asistente de la mujer del entonces presidente.
Por la parte de la cátedra de la Complutense, el escrito volvía a recordar que Begoña Gómez ya colaboraba con la institución académica antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Así, también apuntaron que la mujer del presidente del Gobierno también solicitó una excendencia en su puesto de trabajo en el año 2018 para evitar que se dieran posibles situaciones de conflictos de interés y que “no influyó ni ejerció presión moral” para conseguir esa cátedra.
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