La defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha presentado un escrito en el que denuncia que el juez Juan Carlos Peinado está retrasando la entrega de su pasaporte, negándose así a cumplir la orden de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló las medidas cautelares impuestas por el instructor contra ella, Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés.

“Supone, de facto, mantener una restricción sobre un derecho fundamental (libertad de circulación) sin título cautelar vigente que lo ampare, lo cual, realizado a sabiendas, reviste extrema gravedad", señala el escrito.

Además, expone que el juez Peinado ha dictado una providencia por la que retrasa la entrega del pasaporte y que lo hace “extralimitándose en el ejercicio de sus funciones, invadiendo competencias que el legislador ha atribuido de forma exclusiva al Letrado de Administración de Justicia”, el anterior secretario judicial encargado de las cuestiones de procedimiento en el juzgado.

La defensa de Álvarez explica que la devolución del pasaporte tras la resolución de la Audiencia Provincial debe ser inmediata, sin necesidad de que el juez haga uso de su potestad jurisdiccional. No obstante, Peinado dictó una providencia solo para adelantar que tomaría una decisión al respecto. “El alzamiento de la medida cautelar ya ha sido acordado por resolución judicial, por lo que la decisión jurisdiccional está adoptada y agotada”, detalla la defensa.

Por ello, el abogado de Cristina Álvarez reclama al juez Juan Carlos Peinado que anule su providencia y ordene al Letrado de la Administración de Justicia para que, “en el ejercicio de sus competencias, proceda a la entrega inmediata del pasaporte”.

El juez Peinado retiene los pasaportes

El juez Juan Carlos Peinado mantiene en su poder los pasaportes de Begoña Gómez y de su asistente en La Moncloa una semana después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al magistrado su devolución al tumbar sus medidas cautelares.

La pasada semana, la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid censuró a Peinado como a ningún otro juez antes, desmontando parte de su instrucción por vulnerar derechos fundamentales de los imputados y por falta de motivación.

En concreto, en su último llamamiento de atención retiró dos de los cuatro delitos por los que el juez quería llevar a juicio a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, y anuló las medidas cautelares –retirada de pasaportes y comparecencia quincenal en el juzgado– que el instructor impuso por un discutible riesgo de fuga y ante la posibilidad.

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