Las vacaciones del juez Juan Carlos Peinado han precipitado dar un paso clave en la causa que se cierne sobre la esposa del presidente del Gobierno: el permiso para salir de España con su pasaporte retirado. De esta manera, la decisión ha corrido a cargo del magistrado Antonio Viejo, quien ha determinado que Begoña Gómez podrá acudir a Londres para la graduación académica de su hija, pero no a Ankara para la Cumbre de la OTAN que acoge Turquía esta semana.

Pese a que el foco judicial y mediático está en manos del juez Peinado ahora, con su ausencia temporal, la pregunta es obligada: ¿Quién es el juez Antonio Viejo? Lo cierto es que ésta figura de los tribunales no es desconocida en el mundo mediático y político, puesto que se trata del mismo magistrado que se está haciendo cargo de la investigación del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, por la primera pieza del presunto fraude fiscal de 350.910 euros.

El actual titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid asumió la instrucción del caso en julio de 2025, cuando la entonces jueza encargada Inmaculada Iglesias se jubiló de manera voluntaria. Viejo llegó a dirigir la Secretaría General de la Administración de Justicia durante la primera etapa del Gobierno de Pedro Sánchez, a propuesta del entonces ministro Juan Carlos Campo para el cargo por su perfil técnico.

Con tres décadas de ejercicio judicial, cuando ejerció como decano en los Juzgados de Plaza de Castilla entre 2015 y 2018 garantizó “levantar las alfombras” heredadas de su antecesor en el cargo, José Luis González Armengol, quien estuvo mencionado en ciertas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo por, presuntamente, maniobrar para proteger a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en el marco de un incidente con el tráfico en el centro de la capital.

El juez Viejo ralentizó la investigación sobre las cuentas del novio de Ayuso

Su predecesora en el juzgado de instrucción dictó un auto en junio de 2025 una orden con la que mandaba a la UCO a actuar como policía judicial del caso para responder así a la complejidad de éste por el “incremento patrimonial” del imputado y detectar información sobre un posible “uso instrumental” de sus sociedades. Con la incorporación de Viejo en octubre, a finales de aquel mes, alcanzó la primera parte de la información por corrupción en los negocios y administración desleal del empresario. Una semana más tarde, el juzgado había completado la remisión de documentos de la Guardia Civil.

Sin embargo, la instrucción que ha comandado desde entonces ha estado protagonizada por su lentitud en el propio proceso. El requerimiento de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas del empresario madrileño se remonta a diciembre de 2025, pero la fase se ralentizó durante seis meses debido a que el juez se demoró en contestar a la UCO para acceder a sus cuentas bancarias.

Mientras acontecía este periodo, cuando se cumplieron tres meses de este periodo, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) advirtió de que Viejo no tomó posesión de su cargo hasta el pasado mes de octubre, lo que retrasó esta causa al haber priorizado otras de mayor complejidad como con presos o sobre temas de herencia o estafas.

Bajo el mismo marco, este pasado mes de junio fue cuando la UCO, finalmente, entregó el informe sobre las cuentas de González Amador que acreditaban compras sin justificación aparente y facturaciones de cientos de miles de euros sin una estructura empresarial en funcionamiento, como la compra de Círculobelleza por cerca de 500.000 euros, de la cual Maxwell Cremona adquirió un 10%. Posteriormente, tras la compra, la sociedad se rebautizó como Masterman & Whitaker y comenzó a facturar miles de euros y, en el informe, reza que en 2021 facturó más de 320.000 euros a Quirón Prevención.

A día de hoy, la investigación judicial sobre González Amador continúa abierta.

Sobre el caso Begoña Gómez

El juez Antonio Viejo vuelve a estar en el epicentro del foco político al haber sustituido al magistrado Peinado en la causa que investiga a la esposa del presidente del Gobierno. Más aún cuando sí le ha permitido viajar fuera de nuestro país hacia Londres para asistir esta semana a la graduación de su hija; en cambio, para la invitación institucional a la Cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, se le ha denegado.

En el auto que recoge los argumentos judiciales, el magistrado titular ha argumentado que Gómez fue invitada “por razones de cortesía institucional internacional, sin tener una intervención activa en dicha cumbre” y que Turquía, además, “no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional”, por lo que no ha contemplado como óptimo darle permiso para acudir.

Un conjunto de acontecimientos que no han sido ajenos al escenario político. Desde el Gobierno, además de tachar la decisión sobre el pasaporte de “incomprensible”, otras voces se han pronunciado de manera más ambigua con respecto al recorrido judicial de Viejo. En este sentido, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha subrayado en redes sociales que este magistrado “es el mismo que tardó seis meses en autorizar a la UCO el acceso a las cuentas de Alberto Quirón”: “Por informar”.

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