El Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional de Madrid ha emitido un auto en el marco del caso Púnica en el que cita como investigados a una nueva terna de nombres, entre los que destacan el exalcalde de Alcobendas y en la actualidad Comisionado para las Víctimas del Terrorismo a designación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Ignacio García de Vinuesa; y el jefe del gabinete de Andrea Levy, Pablo Balbín Seco.
Las citaciones se enmarcan en la pieza número 10 de las 12 que conforman la macrocausa. Concretamente se investiga el supuesto desvío de fondos públicos para mejorar la imagen en Internet de cargos públicos del Partido Popular en ayuntamientos y consejerías de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Las nuevas pesquisas judiciales se centran en el supuesto amaño de contratos en los Ayuntamientos de Denia, Gandía, Castellón, Valdemoro, Alcobendas, Coslada y Majadahonda, así como en la Consejería de Educación madrileña, donde ya estaba imputada la que fuera su titular en los gobiernos de Aguirre, Lucía Figar.
Los citados por el magistrado, a petición de Anticorrupción, son los exalcaldes populares Ana María Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada), Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas) y Narciso de Foxa (Majadahonda).
Además, se ha citado a otros concejales y asesores de todos los mentados consistorios y de la Consejería de Educación de Madrid. El total asciende a 17 personas.
Según las investigaciones, el juez cree que se utilizaban dos métodos para pagar a De Pedro los trabajos de reputación online. El primero era mediante facturas falsas para desviar importantes cantidades de dinero, y el segundo a través de diarios digitales denominados zombis (con una difusión mínima y contenidos escasos) para simular la contratación desde el consistorio de publicidad institucional.
Los hechos inicialmente imputados a estos sujetos -sostiene la Audiencia Nacional-, serían indiciariamente constitutivos de delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación
