La jueza encargada de esclarecer los trágicos sucesos provocados por la DANA del pasado 29 de octubre ha decidido dar un paso más en la instrucción. En su última providencia, dictada este miércoles, la magistrada se centra en las actuaciones relacionadas con la vigilancia del río Magro y del barranco del Poyo, dos de los puntos críticos durante la jornada en la que se desencadenó la catástrofe.
Según se recoge en el auto, la jueza ha requerido al Consell que remita copia de la nota enviada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en torno a las 12:30 horas de aquel día. En esa comunicación se solicitaba expresamente que se vigilara el curso del río Magro y de la rambla del Poyo. La magistrada pide, además, que se detalle quién fue el responsable de enviar ese aviso y quién lo recibió.
En paralelo, la instructora demanda también al Consell la copia de la autorización emitida por el coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos Forestales de Valencia que dio el visto bueno a la activación del dispositivo de emergencia, con mención concreta a las zonas donde debía desplegarse: el área del puente de Carlet, sobre el Magro, y diferentes puntos de Torrent, Picanya y Paiporta en el barranco del Poyo.
La causa, en la que están personadas distintas acusaciones populares, tiene entre sus objetivos aclarar el encadenamiento de decisiones que precedieron a la retirada de los efectivos desplegados para medir los caudales. Cabe recordar que varios testigos han confirmado que la orden de movilización de los bomberos forestales quedó reflejada en el sistema de gestión de Emergencias ‘CordCom’ —la conocida como ‘caja negra’ del operativo— a las 12:48 horas.
Uno de los testimonios clave hasta la fecha ha sido el de E.V., jefe de servicio en el Centro de Coordinación, quien el pasado 19 de junio declaró que, en el momento de los hechos, desconocían desde el centro que los equipos que controlaban el caudal habían sido desactivados a partir de las 14:30.
En las próximas semanas se prevé que preste declaración el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, quien asumió el mando operativo durante la emergencia por inundaciones. Su testimonio es uno de los más esperados por las partes.
Por petición del abogado de Acció Cultural del País Valencià, que actúa como acusación popular, la magistrada ha instado además a la Conselleria de Emergencias, encabezada por Juan Carlos Valderrama, a aportar en un plazo de cinco días un informe detallado. Este documento debe precisar las unidades de Bomberos Forestales que se movilizaron, los lugares donde intervinieron, los horarios de inicio y fin de sus actuaciones, así como los informes que se elaboraron sobre el terreno. La instructora también quiere saber cuántos helicópteros del Consorcio estuvieron disponibles el 29 de octubre, si se gestionaron permisos de aviación civil para su uso y en qué tipo de tareas fueron finalmente empleados.
Por otra parte, y a instancias de la letrada que representa a Intersindical Valenciana en el proceso, se ha solicitado al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana que remita los informes elaborados por el supervisor de la sala de llamadas del 112 desde la noche previa a la DANA. La jueza requiere igualmente las dos grabaciones automáticas que se activaron ese día en el 112 debido a la masiva llegada de solicitudes de auxilio.
