Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que eleve a 300.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa abierta por la presunta filtración de datos que le afectan. La cantidad fijada inicialmente ascendía a 150.000 euros, pero la acusación particular considera que el perjuicio moral sufrido se ha intensificado y no puede valorarse en una cifra inferior.
En un escrito remitido al alto tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del empresario sostiene que los daños “se actualizan diariamente” y afectan tanto a González Amador como a su entorno familiar directo.
Según la acusación, desde el 14 de marzo de 2024, fecha en la que la Fiscalía difundió un comunicado detallando los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que investigaba sus delitos fiscales, no ha habido un solo día en el que algún responsable político o medio de comunicación —“con el ministro de Justicia a la cabeza”— no le haya denominado “delincuente confeso” o “defraudador confeso”.
La defensa atribuye esta situación directamente a la actuación de García Ortiz. En el recurso presentado ante el magistrado instructor, Ángel Hurtado, se asegura que el ex fiscal general habría actuado con la voluntad de “generar un relato político” que, a su juicio, transformó el ejercicio de sus funciones constitucionales en un daño a los derechos fundamentales de González Amador.
El abogado del empresario subraya en el escrito que “jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general del Estado”.
Por este motivo, la acusación reclama que la indemnización por los perjuicios morales continuados ascienda a 300.000 euros, y pide al Supremo la reforma del auto que fijaba en la mitad esa cantidad como fianza.
