El PSOE registrará este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial para que, pese a que el CGPJ esté en funciones, fruto del bloqueo continuado del PP al órgano rector de los jueces, el Tribunal Constitucional pueda renovarse.

Esto permitirá al CGPJ poder nombrar a los magistrados con el mandato caducado, por lo que el Gobierno podría hacer lo mismo con los que están dentro de su cupo. El bloqueo del CGPJ había generado un debate dentro de la judicatura sobre si el Ejecutivo podía, o no, renovar a los magistrados que le pertenecen por ley a expensas de que el CGPJ, previamente, cubriese las renovaciones que le pertenecen. Cabe recordar que dos magistrados deben ser designados en Consejo de Ministros y otros dos deben ser electos por el órgano rector de los jueces.

La modificación legal no es demasiado compleja. Tal y como explica elDiario.es, se trata de la modificación de un simple artículo de la ley del Poder Judicial, el 570 bis de la LO 6/1985, por lo que fuentes de Moncloa sostienen que la ley podría estar en vigor el próximo julio fruto de la tramitación por vía de urgencia.

Por el momento, el Ejecutivo todavía no ha decidido quiénes serán los dos magistrados que elegirá para el Tribunal Constitucional.

Un bloqueo de cuatro años

El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial tiene su origen hace casi cuatro años. Fue en diciembre de 2018 cuando debería haberse renovado para cumplir con el periodo de cinco años de vigencia que la Constitución establece para los miembros del órgano de los jueces. El Partido Popular, clave para el desbloqueo, no ha facilitado su renovación y ha provocado que este órgano esté en funciones desde 2018 para imponer la mayoría conservadora en el CGPJ y también en el Constitucional, que en el último año ha tumbado la estrategia jurídica que impulsó el Gobierno de Sánchez para hacer frente a la pandemia.

El pasado mes de mayo, Alberto Núñez Feijóo anunció que presentaría una propuesta de regeneración del CGPJ y otros órganos constitucionales, apostando por retomar las negociaciones tras las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio.