El exfiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha abonado tanto la multa de 7.200 euros, como los 10.000 euros de responsabilidad civil para Alberto Gónzález Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz debía abonar estas cantidades después de ser condenado por, según el Supremo, 'filtrar' el correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía haber cometido dos delitos fiscales, así como por emitir una nota de prensa para desmentir un bulo publicado por el periódico El Mundo.

En una diligencia de ordenación del Alto Tribunal, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, la letrada de la Administración de Justicia dice: "Procédase a transferir a favor del Tesoro Público la cantidad de 7.200 euros en concepto de multa. Al propio tiempo, requiérase a Alberto González Amador, con la notificación de la presente a su representación procesal, para que aporte número de cuenta bancaria de su titularidad, a efectos de transferirle la cantidad de 10.0000 euros, acordada en concepto de responsabilidad civil".

Aportaciones voluntarias

La Dior se ha enviado a las partes del procedimiento después de que la Abogacía del Estado enviara un escrito en el que explicaban: "Esta representación manifiesta que el ingreso por importe de 17.200 euros se encuentra realizado por mi representado a todos los efectos, siendo los fondos empleados procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales. El Sr. García Ortiz asume íntegramente dicho pago como propio".

La recaudación de fondos se produjo después de que la Unión Progresista de Fiscales, asociación -no mayoritaria- con representación en el Consejo Fiscal y que estuvo presidida por Álvaro García Ortiz, pidiera donaciones de dinero a sus asociados para pagar la parte económica de la condena del ex fiscal general del Estado. 

Manifiesto de apoyo

El exfiscal general ha pagado la multa después de que más de 150 juristas, así como el exmagistrado Baltasar Garzón y la exmagistrada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, hayan firmado un manifiesto en contra de la sentencia del Alto Tribunal alegando que esta se apoya en “conjeturas basadas en hechos indirectos”.

A través de este manifiesto, los firmantes han puesto de relieve que "el propio tribunal admite que no está acreditado" que fuera García Ortiz quien filtrara a los medios de comunicación el correo electrónico en el que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía dos delitos fiscales. Además, denuncian que "la construcción de la prueba indiciaria elaborada por el Tribunal Supremo es deficiente, al no aceptar la clara alternativa existente favorable al fiscal general". En esta línea, quienes han firmado el manifiesto subrayan que en un proceso penal "no bastan las sospechas, ni las imaginaciones", sino que "es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple".

Por todo ello, defienden que “la sentencia prescinde del valor” de los testimonios de los periodistas que negaron "categóricamente" que el ex fiscal general fuera la fuente que les remitió esta información, por lo que añaden que este hecho "invalida" el secreto profesional, "una garantía constitucional esencial para el buen ejercicio del periodismo", según el manifiesto.

“Mera sospecha”

En este mismo orden de cosas, los juristas que han firmado dicho manifiesto han puesto también énfasis en que indicios que señaló el Supremo como el borrado de su móvil o la llamada con un periodista "no superan el umbral de la mera sospecha y admiten explicaciones normales y lícitas". "Convertir tales hechos en pruebas de culpabilidad supone, en la práctica, invertir la carga de la prueba y exigir al acusado que demuestre su inocencia, lo que resulta incompatible con la presunción de inocencia. Principio constitucional que diferencia a los Estados democráticos de los que no lo son", resume el manifiesto.

Por su parte, en lo que respecta a la “nota de prensa” que publicó el Ministerio Público, sostienen que "perseguía desmentir una acusación falsa, grave e incluso delictiva sobre el funcionamiento de la Fiscalía", por lo que, "existía un interés público evidente en informar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones". Para ellos, sancionar penalmente esa actuación "supondría atar de pies y manos a la Fiscalía General del Estado frente a bulos, mentiras y acusaciones falsas".

Con todo ello, y según han matizado los firmantes en el manifiesto, "no quedó probada la filtración del correo y la nota de prensa no constituye delito de revelación de secretos", por lo que se ha "conculcado gravemente" su presunción de inocencia, motivo por el cual, "en este caso, la condena no debió producirse".