Un fondo buitre declara por primera vez ante el juez y se enfrenta a la disolución por acoso inmobiliario

Un fondo buitre se sentará por primera vez ante un juez en calidad de imputado. Este jueves, Elix Rental Housing, como persona jurídica, y varios de sus altos cargos declararán acusados de acoso inmobiliario contra los vecinos de Tribulete 7, bloque ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés. La cita tendrá lugar a las 9:00 horas en los Juzgados de Plaza Castilla y marcará un hito para el movimiento de vivienda y su resistencia frente a las sucias tácticas, quizás delictivas, de los especuladores inmobiliarios.

La Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) imputada está vinculada directamente con Claudio Aguirre, primo de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a través de AltamarCam. El fondo, que se ha hecho con múltiples bloques en diferentes puntos del país y ha desahuciado a sus integrantes para poder hacer negocio con los inmuebles, se enfrenta ahora a una pena de disolución, que establecería un precedente judicial en favor de los miles de vecinos que sufren habitualmente estas presiones.

“Se imputa al fondo como persona jurídica y la pena aparejada por este tipo de delitos, si finalmente se le condenase por ello, sería la disolución de la propia empresa por cometer este tipo de prácticas”, explica la abogada de las víctimas, Alejandra Jacinto, en el momento de la presentación de la denuncia. El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid serán quien deba decidir, pero la letrada considera que “ya es un primer éxito” el hecho de que tengan que declarar en calidad de investigados.

“No recordamos a ningún fondo buitre declarando como sociedad ni rindiendo cuentas ante el juez”, expone la expolítica y reconocida activista por la vivienda. Diez vecinos dieron el paso de denunciar, dos cedieron una vez abierto el proceso y la mayoría de las 50 familias que vivían en Tribulete 7 fueron sucumbiendo al “acoso” de la propiedad antes de comenzar la batalla judicial, pero la resistencia y la unidad de unos pocos, apoyados por su barrio y por el Sindicato de Inquilinas, puede terminar consiguiendo que se haga justicia.

Más allá del fondo, propietario del bloque desde marzo de 2024, directivos y trabajadores también circularán por los juzgados como investigados. También este jueves, deberán declarar el socio fundador de la empresa, Jorge Benjumeda; el director de expansión, Álvaro Guillén; el arquitecto responsable y jefe de las obras que han afectado a la infraestructura y la vida de los vecinos, Javier Hernández-Agero; y dos empleados, José Luis Aleñá y María José Jiménez.

Años luchando contra el hostigamiento

Los vecinos llevan dos años sufriendo “prácticas de hostigamiento vecinal” entre las que se destacan “la realización de obras en el edificio” que han causado “múltiples irregularidades” en la infraestructura, poniendo en peligro la vida de los inquilinos, y varios “intentos de desalojo ilegal”. “Ruidos y molestias”, propios de una obra que se extiende a lo largo de los años; “traspaso de tabiques con taladros”, poniendo en riesgo la estructura del edificio; y “golpes tan fuertes que se provocan desprendimientos”, exponiendo la integridad de los vecinos, son algunas de las afectaciones denunciadas por los inquilinos.

“Han provocado humedades, caídas de techo y han picado en la cubierta sobre las casas habitadas con previsión de fuertes lluvias dando lugar a la inundación de viviendas”, trasladan. Además, también “hemos recibido y recibimos llamadas del fondo buitre advirtiendo de que, si no hacemos lo que ellos quieren, habrá consecuencias negativas”, han relatado. Pero no han cedido y los ocho que resisten “quieren que el fondo cese en el acoso y que el fondo entienda que la impunidad se acabó”, expone la abogada, quien asevera que “no pueden salir gratis este tipo de prácticas”.

Un proceder que, ante la pasividad de las administraciones públicas y la justicia, “están siguiendo muchos fondos de inversión para conseguir expulsar a los vecinos ahorrándose todos los procedimientos judiciales existentes, tomándose la justicia por su mano para conseguir extorsionar a los vecinos y conseguir que se marchen”, lamenta Jacinto. “Si el fondo considera que los vecinos se tienen que ir tienen que abrir las vías legales oportunas”, recuerda la letrada a Elix, quien ha preferido “ahorrarse las costas y tomarse la justicia por su mano”.