La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid el archivo de la querella presentada por Vox contra José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Sin embargo, a juicio del Ministerio Público, la demanda se basa en "conjeturas":
La querella interpuesta por el partido ultraderechista acota el desarrollo de Tezanos como presidente del oraganismo desde su entrada en 2018, calificando su designación como "irregular". Vox le acusa de, entre otras cosas, manipular el método demoscópico con el fin de beneficiar al PSOE.
A través de un comunicado, la Fiscalía ha asegurado que las exposiciones de los denunciantes se fundamentan en "meras sospechas y conjeturas, que relacionan de forma no adecuada la ineficacia en la realización de encuestas con la administración fraudulenta del CIS".
El Ministerio Público alega el incumplimiento de la querella de los presupuestos necesarios para la legitimación de una apertura de investigación judicial por la presunta comisión de malversación de caudales públicos. Asimismo, detallan que el denunciante "nada acredita" con respecto a los "indicios existentes" relativos al delito que se le imputa.
Insisten en que las acusaciones que recoge la querella y las que se detallan en el informe pericial tienen como fundamento diversas noticias en prensa y reportajes audiovisuales, además de "comentarios y opiniones en redes sociales". Entienden en el Ministerio Público que no aportan ninguno de los expedientes que sostienen la realización de las encuestas ni concretan actuación alguna del investigado "dirigida al cumplimiento de los requisitos del tipo de denuncia".
Sí admiten que la elaboración de las encuestas se puede cuestionar por su eficacia, pero sin que ese propio cuestionamiento desemboca en la exigencia de responsabilidad penal al denunciado. La Fiscalía argumenta que no existe una "relación causal lógica" que presuponga que los errores en la elaboración de los sondeos sean fruto de una "administración dolosa dirigida por el querellado" con el fin último de "quebrantar los fines de la institución en beneficio de un partido concreto".
Oposición de la Abogacía
Según la nota difundida este martes por la Fiscalía de Madrid, la Abogacía del Estado - en representación del investigado - ya recurrió la admisión a trámite de la querella.
Los servicios jurídicos alegaron que la investigación penal tiene un carácter prospectivo al considerar que no existe concreción de los hechos objeto de la querella. Asimismo, defendieron que no existen indicios que justifiquen el delito de malversación de caudales públicos.
