La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera delitos de pertenencia a grupo terrorismo la causa abierta contra los CDR, y solicita penas de prisión que llegan a los 27 años de cárcel. El Ministerio Público afirma que los acusados se integraron en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo de personas de diferentes Comités en Defensa de la República (CDR), que "habrían conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias".
Según se expone en la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, los acusados cometieron un delito de pertenencia a organización terrorista, por el que se pide prisión de ocho años e inhabilitación absoluta, un delito de tenencia, depósito, así como fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables o de sus componentes, de carácter terrorista, por el que solicitan prisión de 11 años de cárcel y un delito de estragos, de carácter terrorista en grado de tentativa, con una pena de ocho años de prisión según el fiscal. Además, a otros cuatro investigados, están acusados del delito de pertenencia a organización terrorista por el que el Ministerio Público pide otros ocho años de cárcel.
El escrito
Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso ElPlural.com, como consecuencia del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 (1-O), en el seno de la sociedad catalana, con aspiraciones independentistas, "se generaron unas expectativas en relación con la consecución de la secesión de Cataluña respecto al Estado Español y la constitución de una república catalana. A las clásicas organizaciones de corte independentista, se unió un nuevo actor que se autodenominó CDR. La actividad del CDR aportó gran dinamismo a la movilización callejera, siendo clave para la planificación y ejecución de acciones simples como pintadas, y complejas como huelgas generales, cortes de país, etcétera.
Tras el 1-O, prosigue narrando el representante del Ministerio Público, "pasados los días y, tras observar que no se implementaba “el mandato del pueblo del 1-O” : constituir Cataluña en una república independiente del Estado Español, el CDR, que aglutinaba a los militantes independentistas más dinámicos y activos, organizó numerosos actos y acciones de muy diverso corte por toda la geografía catalana, llegando alguna de las acciones del CDR a tener carácter delictivo, existiendo abundantes diligencias penales contra militantes del CDR que habían participado en acciones y actividades ilegales".
Asegura el fiscal que, tras el 1-O, su existencia debería dejar de tener sentido, en realidad dichos grupos o estructuras fueron concebidos con una finalidad que pretendía una existencia más allá de la citada fecha, "lo que suponía adopción de la idea original ya mencionada de Poble Lliure. De este modo, nos encontramos ante grupos, compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada".
Y, por tanto: "Dicha intención se manifiesta a través del rechazo a seguir los cauces legalmente establecidos por el Estado de Derecho para las reivindicaciones políticas y sociales, y la apelación directa a la desobediencia y a la ejecución de acciones de características habitualmente tumultuarias que pretenden imponer una realidad de hechos consumados mediante la toma de control del territorio y la afectación de sectores estratégicos económicos y de abastecimiento".
Los acusados: máxima radicalidad
Una ve explicado que son los CDR, el fiscal entra a narrar quiénes son los acusados y qué hacían. Así, explica que "el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), es una célula integrada por los acusados tratándose de un grupo reducido de individuos de diferentes CDR, que evidencian una gran radicalidad. La creación de esta célula viene motivada por la necesidad de contar dentro de la estructura de los CDR, con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a “la causa”, habiéndole sido encargadas la realización de las acciones más sensibles".
Y añade que los acusados, todos ellos, "comparten activismo radical para conseguir la independencia; su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España".
Entre las acciones que el fiscal considera acreditadas se encuentran, por ejemplo, cortes de carretera, vertido de aceite la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners o el levantamiento de las barreras de los peajes. Así como el hecho de que los miembros del ERT "participaron en la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, asumiendo el encargo recibido de un denominado “CNI Catalán” para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña, y defenderlo posteriormente, todo ello dada la capacidad técnica y humana del citado grupo, debido a que para realizar los mismos, serían necesarias importantes conocimientos en redes ilícitas y clandestinas securizadas de telecomunicaciones, así como una importante capacidad de movilización".
En cuanto a la petición de penas por terrorismo, explica el fiscal que, varios de los acusados ostentaban “labores de elaboración de la sustancia denominada termita”, que es producto deflagrante utilizado para fabricar algunos tipos de explosivos. El representante del Ministerio Público explica que los acusados crearon un grupo llamado 'Batcueva' para, según expone el escrito, “la fabricación y elaboración de las sustancias explosivas e incendiarias” en la casa de uno de los acusados donde los investigadores encontraron planos de posibles objetivos, así como manuales de fabricación de explosivos.
