La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Unidad Especializada en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se ha opuesto a la paralización de las exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura que se están llevando a cabo en el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los caídos.
El Ministerio Fiscal se opuso el pasado 12 de julio a las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos que pretendían la paralización de las exhumaciones. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Número 5 de la Audiencia Nacional desestimó la suspensión con un auto hecho público el 27 de julio. Ahora, la referida asociación ha recurrido en apelación este auto, a lo que el Ministerio Fiscal se ha opuesto.
Asimismo, la Fiscalía ha solicitado la inadmisibilidad de la demanda principal formulada por la asociación, basándose en la falta de legitimación y en que el acto recurrido no es impugnable. El Ministerio Fiscal ha alegado que la suspensión de las actuaciones de exhumación generaría en sí misma un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desparecidas (arts. 16 y ss Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática).
Los trabajos para exhumar, a petición de sus familias, los restos de 118 víctimas de la guerra han estado en el centro del huracán desde el principio, pues asociaciones cercanas al dictador Francisco Franco, han intentado boicotearlas desde el principio. De acuerdo con la voluntad decidida del Gobierno de España de colocar a las víctimas de la guerra y la dictadura en el centro de la acción del Ejecutivo en materia de memoria, y con el objetivo de reparar cuanto antes el dolor de quienes llevan décadas intentando recuperar los restos de sus seres queridos para darles una sepultura digna, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha establecido, junto con Patrimonio Nacional, un plan dotado con 650.000 euros con el que dar respuesta a la solicitud de los familiares y a su voluntad de recuperar los restos inhumados en el Valle.
Complejidad de los trabajos
Este plan tiene el aval del Consejo Médico Forense y cuenta con los medios materiales necesarios para llevar a cabo las labores de localización y extracción, así como con los medios humanos y profesionales especializados en materia de antropología forense. De esta forma se garantiza la adecuada proporcionalidad entre los medios necesarios y los resultados que se pretenden alcanzar, sin crear falsas expectativas dada la complejidad de los trabajos, derivada del estado de los enterramientos.
El equipo forense encargado de esta investigación, de alta cualificación y experiencia, actuará de conformidad a principios éticos y deontológicos propios de las Ciencias Forenses y aplicando metodologías y protocolos universalmente reconocidos. Tras las primeras apreciaciones de carácter forense, se llevarán a cabo, siempre en las propias dependencias de la Basílica, los análisis antropológicos y la toma de muestras que serán después utilizadas para los análisis genéticos, a cargo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, dependiente del Ministerio de Justicia.
Entrega de restos a las familias
Una vez sean identificados los restos que hayan sido requeridos por los familiares de las víctimas, se procederá a elaborar los correspondientes informes técnicos forenses para llevar a cabo la entrega de estos a las familias. Está previsto también que aquellos restos que no sean objeto de devolución a sus familiares por no haber sido establecida su identidad sean retornados al correspondiente columbario.
En todo momento el procedimiento estará guiado por criterios de carácter técnico y forense y el plan se desarrollará de acuerdo con el cumplimiento de los principios de legitimidad, legalidad, respeto y confidencialidad. Los trabajos serán desarrollados desde Patrimonio Nacional, y están financiados con un fondo de 650.000 euros procedentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
