El diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha presentado junto a responsables de Izquierda Unida en Ávila una denuncia ante la Fiscalía abulense contra los responsables “por delinquir en beneficio de la Universidad Católica (UCAV)”.
Enrique Santiago ha recordado que en el año 1997 "hace ya más de 20 años, se firmó un convenio entre la Diputación y la Universidad Católica de Ávila (UCAV), en el que la Fundación Santa Teresa, dependiente de la Diputación, cedía gratuitamente un inmueble de nada menos que 130.000 metros cuadrados a la UCAV, entidad privada dependiente y propiedad de la Iglesia católica".
No es solo que se cediera suelo público a la UCAV a cambio de nada, sino que la universidad se comprometió a "pagar los gastos de dicha cesión gratuita, es decir, los impuestos y tasas municipales, así como los consumos de agua, luz y demás". Pero no ha cumplido.
“Sorprendentemente, en más de 20 años no se ha pagado ninguno de estos impuestos" y detalló que "para que se hagan una idea, simplemente en el año 2011, según el cálculo que hemos hecho, solo en relación al Impuesto de Bienes Inmuebles habrían sido 40.000 euros que no se pagaron", espetó Santiago ante los medios.
En consecuencia, el parlamentario de IU ha presentado una denuncia contra "los funcionarios y responsables políticos de la Diputación Provincial responsables de una serie de actuaciones que consideramos delitos, entre ellos los de prevaricación, fraude atribuible a funcionarios públicos, omisión del deber de perseguir delito y otras actuaciones indebidas que suponen un serio perjuicio para la Administración Pública, en este caso a la Diputación".
A su juicio, “estamos ante la comisión de delitos y la permisividad de un enriquecimiento ilícito e indebido a la Iglesia católica que, insisto, ya disfruta de una cesión gratuita de un inmueble de 130.000 metros cuadrados".
La maniobra habría supuesto un notable perjuicio para las arcas públicas puesto que “estaríamos hablando de cerca de 1,8 millones de euros sin pagar en todos estos años solo en concepto de diversos impuestos, sin contar las tasas públicas ni suministros, del tipo agua o alcantarillado".
Enrique Santiago ha recordado, además, que en el Partido Popular eran perfectamente conscientes de la situación “al menos, desde el año 2017, porque así lo planteó la representación entonces de Izquierda Unida en un debate en la Diputación, donde los responsables del PP reconocieron este hecho, dijeron que iban a tomar medidas y no lo han hecho hasta ahora".
