La presunción de inocencia es un principio jurídico de carácter penal vigente en el ordenamiento español. Grosso modo, garantiza la inocencia de una persona hasta que contra ella haya una sanción o pena. En nuestro país, la línea es muy delgada si se habla de la clase política y, sobre todo, si sobre la mesa se encuentran cuestiones relacionadas con la imputación (ahora investigación) de representantes públicos en el ejercicio de sus funciones o en el marco del funcionamiento de sus partidos. 

A ella se ha recurrido en las últimas semanas tras la muerte por un infarto de la ex alcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá. Muchos de sus compañeros de partido que, en un primer momento renegaron de ella, aludieron a este principio jurídico después del fatal desenlace. Lo hicieron, además, de forma airada apuntando de forma directa a algunos medios de comunicación.

El ministro, de los primeros

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el reportaje centrado en la figura de Barberá y emitido este sábado en 'Informe Semanal' con un claro sesgo político y tomando para su título, precisamente, el nombre de dicho principio jurídico, habla de la necesidad de que haya una "responsabilidad" más clara a la hora de respetar dicha presunción de inocencia, para lo cual anuncia reformas procesales. Además, y entre otras cosas, Catalá también indica, después de hacer algún comentario dirigido a los medios sin mencionarlos, que es fundamental que haya un compromiso social "para hacernos fuertes en esos principios fundamentales, como es la presunción de inocencia y, por tanto, no anticipar nunca una consecuencia" derivada de un procedimiento judicial.

Las palabras del ministro parecen enmarcarse en una estrategia de comunicación, algo que habitualmente hace PP, como se ha visto en relación con Rita Barberá, tanto antes, como después de su fallecimiento. Todos los populares se agarran al plan diseñado desde Génova para responder ante los medios si las preguntas tienen que ver con un mismo asunto.

Baltar, también

Y a ella recurrió, también este sábado, el presidente de la Diputación de Ourense y del PP de esta provincia, José Manuel Baltar. El hijo del autodenominado 'cacique bueno', José Luis Baltar, condenado a más casi una década de inhabilitación por 'enchufismo', se refirió al asunto a propósito de las bajas en su partido de hasta tres regidores (Vilariño de Couso, A Merca y Xinzo de Limia) por estar inmersos en procesos judiciales y habérseles abierto ya juicio oral.

Baltar, en referencia a uno de los alcaldes que siguen al frente de sus municipios, y en particular al de la última localidad citada, Antonio Pérez, acusado de un delito de prevaricación continuada por presunto 'enchufismo', según recoge el Faro de Vigo, mostró su "respeto profundo" por la presunción de inocencia.

A juicio del máximo responsable del PP ourensano, se trata de "una garantía del Estado social y democrático de derecho", por lo que es preciso respetarla, al tiempo, como señala el citado medio, de mostrarse crítico y solicitar que no se "pervierta", tal y como "estamos acostumbrados".

Cuestiones judiciales pendientes

Se da la circunstancia de que el propio José Manuel Baltar tiene que responder ante la justicia, puesto que está imputado por cohecho, tráfico de influencias y por ofrecer trabajo a cambio de sexo. 

Desconocemos cómo le puede sentar al ministro de Justicia que el hijo del 'cacique' ourensano coincida con él en sus planteamientos sobre la presunción de inocencia, sobre todo por todo lo que tiene pendiente este dirigen provincial de su partido. Como diría algún gurú de la comunicación política, es cuestión de estrategia.