La corrupción es un círculo donde no se sabe cuál es el principio y cuál el final. Es una forma de vida donde favor, con favor se paga. Prueba de ello es la vida laboral de dos de las tres sobrinas de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Ambas, María José y María Asunción, trabajaron para la empresa Agricultores de la Vega de Valencia SL, una de las empresas que presuntamente financió irregularmente al Partido Popular municipal para que su tía ganara las elecciones y pudiera seguir dirigiendo con mano de hierro el Consistorio.

La vida laboral de las hijas del matrimonio formado entre José María Corbin y Asunción Barberá, hermana y jefa de gabinete de la que fuera alcaldesa, forma parte del sumario del caso Azud, tal y como ha adelantado ElDiario.es. Actualmente, todo el clan Corbin-Barberá está imputado en esta macrocausa, siendo el padre, José María, el principal imputado junto al que fuera mano derecha de Rita Barberá, el ex vicealcalde, Alfonso Grau.

Pero es que, además, la hija pequeña de Corbin es actualmente asesora de Consistorio pese a estar imputada junto al resto de su familia. La pequeña de los Corbin-Barberá fue contratada por la líder del PP local, María José Català.

Agricultores de la Vega

La empresa Agricultores de la Vega de Valencia SL presuntamente pagó 150.000 para financiar los gastos de la campaña de Barberá de 2007 a través de la empresa pantalla Laterne Product Council (LPC). Para justificar este pago, SAV le entregó a la Agencia Tributaria tan una factura en la que se abonaba esa cantidad a cambio de un power point de 23 folios. Pero, para los investigadores, la realidad es otra. Según tanto el caso Taula como Azud, esos pagos no se habrían realizado a cambio de nada.

SAV fue la adjudicataria en el año 2005 del concurso de recogida de basuras y limpieza viaria del Ayuntamiento de Valencia por un período de 15 años. El importe del contrato ascendía a 392 millones de euros. Agricultores de la Vega consiguió el contrato de la zona sur, la mayor de todas, con el 44% del total. Las otras dos fueron a parar a FCC y la UTE Secopsa-Nagarés.

Es muy llamativo que, las tres empresas adjudicatarias en la lista de empresas y entidades públicas y privadas que presuntamente dieron dinero para sufragar los gastos de precampaña y campaña de Rita Barberá en 2007. Es decir, que todas formaron parte del supuesto dopaje electoral que será juzgado próximamente.