La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en manos del abogado Antonio Camacho, ha presentado este viernes un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para pedir la suspensión de la apertura de juicio oral, instando a que antes se resuelvan los recursos presentados previamente.
En el auto del juez Juan Carlos Peinado se rechaza la práctica de varias pruebas solicitadas antes de determinar cuándo se celebrará el juicio oral contra Gómez. De esta manera, para el letrado defensor de la principal investigada, la decisión del magistrado instructor viene a "limitar el derecho de defensa" de la misma, por lo que solicita que, antes de ellos, se resuelvan todos los recursos para que se den las garantías procesales para continuar.
De la misma manera, el abogado de la esposa del presidente del Gobierno solicita en el recurso la declaración del codirector de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Manuel Ruano, al ser una de las personas de “mayor conocimiento directo de los hechos investigados” y quien “nunca ha sido llamado a declarar”.
Además, añade la ratificación de tres informes periciales por considerarlos “imprescindibles” de cara a la apertura del juicio oral. El primero de ellos, el que cuestiona el presunto daño económico a la entidad universitaria; el segundo, el que avala la legalidad del personal de apoyo de Gómez; y el tercero y último, el que tumba la interpretación sobre la cátedra.
En esencia, la defensa de Gómez pide la suspensión del procedimiento judicial hasta que se resuelvan los aún recursos pendientes para evitar situaciones de indefensión y garantizar las garantías para su adecuación.
La Audiencia de Madrid decidirá sobre la apertura de juicio el 13 de julio
Y es que estos recursos pendientes se prevé que sean resueltos por esta instancia superior provincial el próximo 13 de julio, cuyos magistrados deberán tener en cuenta las quejas y recursos de la defensa de Gómez y de la Fiscalía en contra de las decisiones del juez Peinado de llevar a la principal acusada a juicio oral y ante un jurado popular.
Dos escenarios, dos recursos clave. Begoña Gómez y su exasesora en La Moncloa Cristina Álvarez se enfrentan a los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación; mientras, el empresario Juan Carlos Barrabés, acusado de los dos primeros. Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid se ha opuesto previamente a muchas de las decisiones del magistrado instructor, entre otras, precisamente, la posible celebración del juicio ante un jurado popular.
Un marco de acontecimientos al que se suma la reciente entrega por parte de Gómez de su pasaporte al juez en los juzgados de Plaza Castilla este miércoles. Una medida cautelar impuesta por el magistrado a la que se sumó la prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial. Una decisión que avivó la discusión política, además, porque en su auto el juez Peinado también señaló la posible colaboración de los escoltas de Gómez, es decir, de agentes de la Policía, que podrían ayudarla a huir del país; motivo por el cual, sindicatos policiales clamaron en contra y le instaron a retirar estas suposiciones.
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