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La presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se encuentra vacante desde que Celso Rodríguez fuese designado como magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, el pasado mes de julio. Su puesto lo ocupa en funciones, desde entonces, María Aurora de la Cueva y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reniega de acometer la renovación que le corresponde. El bloqueo, una vez más, lo están protagonizando los magistrados conservadores, quienes saben de la relevancia del puesto para casos especialmente mediáticos.
El TSJM es clave las causas que afectan a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y a Alberto González Amador, exnovio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En consecuencia, los magistrados conservadores quieren colocar en el mayor escalafón el Tribunal a un togado de su cuerda, a quien consideren objetivo, y rechazarán a todo aquel que se acerque a tesis progresistas, pues esto supone una irrenunciable genuflexión al Gobierno. Los conservadores del CGPJ llevan bloqueando múltiples renovaciones judiciales con esta falsa disyuntiva.
Uno de los candidatos a este puesto es Leandro Martínez Puertas, un juez de dilatada experiencia que los conservadores del CGPJ descartan por su adscripción a Juezas y Jueces para la Democracia, asociación judicial de carácter progresista. Desde el ala derecha de la judicatura, según las fuentes reveladas por El Confidencial, el rechazo responde a su cercanía al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. Las voces consultadas por el digital aseguran que es su “amigo” y que, en consecuencia, “es el candidato del Ministerio” de Félix Bolaños.
Ambos, Martínez Puertas y Olmedo, han desarrollado una parte de su trayectoria profesional en distintos órganos judiciales de Madrid, razón de peso para que el entorno conservador entienda que estas conexiones constituyen prueba de cargo para asegurar que es la apuesta preferente del Gobierno. No obstante, parece evidente que lo que está detrás es las responsabilidades institucionales y de dirección del tribunal que recaen sobre el presidente y a las que los conservadores no tienen intención de renunciar.
Funciones del presidente y juicios clave:
Quien ocupa la presidencia del TSJM asume también la de su Sala de lo Civil y Penal, órgano encargado de instruir y resolver determinados procedimientos que afectan a personas aforadas de la Comunidad de Madrid, como los diputados de la Asamblea de Madrid y los miembros del Gobierno autonómico, así como de tramitar los recursos que le atribuye la ley frente a las resoluciones dictadas por las audiencias provinciales. A todo ello hay que sumarle casos muy jugosos.
El enjuiciamiento de la causa que afecta a la esposa de Pedro Sánchez, por ejemplo, corresponde a un jurado popular en la Audiencia Provincial. La vista todavía no está fechada, pero la polémica se arrastra desde que el polémico juez Juan Carlos Peinado, ya jubilado, iniciase su vergonzante instrucción. La Fiscalía pide la absolución, pero la acusación popular, comandada por partidos y asociaciones ultraderechistas, insiste en la condena.
Cabe destacar que el TSJM también es el encargado de resolver recursos como los de la expareja de Isabel Díaz Ayuso. También fue el tribunal encargado de los primeros pasos de la causa contra el ex fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, antes de que este pasase al Tribunal Supremo. La importancia del tribunal, en consecuencia, es evidente y los conservadores del CGPJ no piensan permitir que lo lidere un progresista, misma estrategia que despliegan en otra instancias.
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