El Pleno del Congreso de los Diputados de este jueves lo recordarán en el PP durante años. Al fallo de uno de sus diputados que ha permitido que se apruebe la reforma laboral del Gobierno se suma, además, que se aprobaba, solo con el voto en contra el PP y Foro Asturias, las conclusiones de la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen'. Dichas conclusiones sostienen que la trama para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle pruebas que implicaran a dirigentes del partido en casos de corrupción se "ordenó" desde "la cúpula directiva" del PP, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tenía conocimiento de la misma y que, de hecho, era la que "informaba" al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.
Estas conclusiones fueron redactadas por el PSOE, y ya se aprobaron en la comisión en diciembre tras un año de investigación parlamentaria. Entonces recabaron el apoyo de Unidas Podemos y EH Bildu y ahora han sumado también el de ERC y el de Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas había rechazado las conclusiones en diciembre, como Vox, que en esta ocasión se ha abstenido, igual que el PNV.
El dictamen concluye que "la cúpula directiva del PP ordenó que se utilizaran efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero" y que "inculparan al PP sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años que gobernaban".
El documento aprobado por la Cámara, no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en la madrileña calle Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional.
A juicio del dictamen, se produjo "con el conocimiento" de Cospedal que "informaba" a Rajoy, pero añaden que fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien "encargó al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo" y que el "epicentro" del mismo estaba en la DAO que dirigía el comisario Eugenio Pino.
Con el fin de "obstruir" las investigaciones judiciales y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, señala el texto, en esta trama se utilizaron "presuntamente fondos reservados y efectivos policiales de manera irregular".
El Congreso mantiene que, según las declaraciones de diversos comparecientes, se puede concluir "la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, (ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía), así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo presidente del Gobierno".
Descontrol con los fondos
Las conclusiones también señalan como "evidente" el "descontrol absoluto en el uso de los fondos" en Interior, así como la "ignorancia y exclusión de cualquier clase de seguimiento de las previsiones legales y de los protocolos establecidos".
Como ejemplo de esto último, denuncia la utilización de "catálogos, provisiones de plazas y medios personales de forma arbitraria" por parte del director adjunto Operativo, Eugenio Pino, "con la complicidad de otros cargos policiales que ejecutaban estas órdenes ilegales". Así, apunta a un "despilfarro de dinero público, detraído de las finalidades legalmente asignadas", y, encima, "en un momento de crisis donde los efectivos estaban congelados y los recursos materiales escaseaban".
Voto particular
El PNV ha pactado con el PSOE parte de su voto particular para señalar la "responsabilidad in vigilando" o "vicaria" de Rajoy y Cospedal y dejar claro que esta trama policial no podría haberse montado sin consentimiento de Fernández Díaz y del ex director de la Policía Ignacio Cosidó.
Para Edmundo Bal (Cs), el texto del PSOE es "poco ambicioso" porque no recoge medidas para evitar que estos casos de corrupción sigan produciéndose y, una vez más, ha apelado al resto del hemiciclo para sellar un Pacto de Estado contra la corrupción.
Macarena Olona, de Vox, ha denunciado que la investigación ha sido una "voladura controlada" y ha cargado contra el PSOE y Cs por señalar "responsables penales" desde el Congreso. Eso sí ha avisado al PP de que sus palabras serían "muy distintas" si las pronunciada con su toga de abogada del Estado.
El 'popular' Luis Santamaría ha criticado también que se fijen responsabilidades que aún se están 'sub iudice' y se afanado en vincular a Villarejo con el PSOE, con el ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y hasta con el actual director de Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López. "Hoy se comete una de las grandes tropelías de la legislatura", ha clamado Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias.
