Vicente Montañez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia durante esta legislatura, ha denunciado al partido de Santiago Abascal por la comisión de los presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal. Para acompañar la denuncia, Montañez ha entregado en la Fiscalía más de 50 documentos “emitidos desde los distintos órganos del partido Vox, en su gran mayoría nacional, donde al menos, más de 8 diputados nacionales, intervenían de forma sistemática en lo que aparentemente podría ser una auténtica red orientada a vaciar las arcas de los grupos municipales”.

En cuanto a la denuncia, se articula sobre cuatro ejes. El primero, explica el denunciante, es “la intención por parte de la secretaría general del partido, concretamente de Javier Ortega Smith, y gran parte de su organización, de controlar en primera persona, a través de un otorgamiento de poderes notariales, la cuenta de los grupos municipales. El grupo municipal de Valencia renunció a hacerlo, y además he sufrido innumerables presiones por haberlo hecho”.

En cuanto a este punto, dice la denuncia a la que ha tenido acceso ElPlural.com que, “ante lo extraño de la situación y la desconfianza que me generaba y tras consultar con otros compañeros del consistorio como lo realizaban ellos, decidí negarme a abrir la cuenta no sin ser advertido desde el vicesecretario de organización Tomás Fernández que me atuviera a las consecuencias de no cumplir con lo mandado. A pesar de ello, no cumplí la orden por entender que atentaba contra la legalidad vigente, y contra las expresas instrucciones recibidas de los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento de Valencia”. Finalmente se abrió la cuenta, pero sin otorgar poderes a Ortega Smith como se le solicitaba desde la dirección nacional.

El segundo eje es la segunda tentativa de Vox de conseguir acceder al dinero municipal. Según Montañez es a través de “una serie de convenios mediante la prestación de unos servicios teóricos, que nunca se producían, para los que, el partido, no tenía capacidad en cuanto a personal para acometer, y sobre en los que en aquellos casos que me consta que existían tampoco había aporte documental alguno que justificara hacia dónde habían ido esos ingresos”.

Sobre este extremo aportan el audio de una reunión explicativa a la que fueron convocados, según la denuncia “los concejales y diputados provinciales” con el Comité de Gestión de Vox prevista para el miércoles 2 de Diciembre de 2020. Junto al link de acceso había una anotación al pie en la que se leía “esta convocatoria solo afecta a concejales de grupos municipales con asignación económica de cierta importancia, por lo que no es necesario que la reenviéis a asesores ni otros concejales que lo hayan recibido”.

“Hemos adjuntado un audio en el que acaban reconociendo que, lo que no quería el partido, era devolver las subvenciones y que -querían- que cayeran en beneficio del partido y del proyecto político de Vox. Algo que bajo mi punto de vista, y entiendo que hay fundamentos de derecho suficientes, es absolutamente contrario a la actual ley de financiación de partidos y la ley de régimen local”, afirma tajante el exconcejal.

Para ello, crean un convenio de colaboración que, tal y como explica la denuncia es, “entre Vox (representado por su Gerente y por el tesorero del partido) y los concejales en representación del grupo municipal, ambos se reconocen capacidad suficiente para la suscripción del convenio de colaboración y que se establece como objeto del convenio ‘establecer las bases de los servicios y las correspondientes contraprestaciones en el apoyo, asesoramiento y soporte que Vox España otorga al grupo municipal’ comprometiéndose a ofrecer una serie de servicios que ‘viene prestando desde el inicio de la legislatura’, que son absolutamente genéricos, como la utilización de salas y despachos, de mobiliario y equipos informáticos, de planificación organización y estrategias de comunicación, etc. Todos ellos de dudosa materialización y sin comprometer prueba o entregable de la prestación del servicio, sin cuantificación previa y sin compromiso de horas de trabajo al respecto ni perfiles profesionales asignados”.

Por tanto, es “algo absolutamente indeterminado frente a una cantidad como contraprestación a los servicios referidos por Vox España facturada al grupo por importe concreto y que, en el caso del ejemplo aportado, corresponde a 7.000 euros anuales, correspondiendo dicha cantidad a la práctica totalidad de la asignación municipal existente anualizada. Nos encontramos frente a una herramienta pensada, bajo la apariencia de legalidad, pensada para expoliar los recursos públicos asignados al grupo municipal para el correcto ejercicio de su actividad, siendo absorbido en su totalidad por el partido político para su financiación” apostilla sobre este aspecto la denuncia.

La vía en ‘vena’. Así ha llamado Montañez a esta práctica: “Había una tercera vía, la tercera vía en vena, la que directamente se me quiso a mí aplicar en última instancia bajo coacciones y bajo amenazas, que era pagar una factura, en el caso concretamente de Valencia, de más de 8.000 euros por servicios que nunca se habían prestado, ni que existía ninguna intención de prestarlos, y es lo que sustenta la falsedad documental porque no se puede emitir una factura sobre servicios que no se han prestado solo para justificar una serie de ingresos”.

La cuarta vía

Dice el exconcejal que esta vía es “como habitualmente se han utilizado las ayudas de subvenciones municipales para la financiación de determinadas sedes”. Al parecer, y siempre según la denuncia, se suscribía un contrato con una mercantil por el alquiler de un local con la utilización únicamente como sede ciudadana, “pero la realidad es que se utilizaba única y exclusivamente como sede del partido Vox en Valencia”.