La Audiencia Nacional ha arrancado este lunes el último juicio del caso Gürtel, la macrotrama de corrupción vinculada al Partido Popular (PP) que sacudió la política española durante casi dos décadas. En el banquillo se sientan 26 acusados –entre ellos el cabecilla Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo– por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita.

Esta vista oral supone el capítulo final de una investigación que se ha prolongado 16 años, con más de un centenar de personas investigadas en 13 piezas separadas. A lo largo de ese proceso, 94 personas han sido ya condenadas, acumulando penas que suman más de 750 años de cárcel, y el propio PP fue condenado como partícipe a título lucrativo en la primera sentencia de Gürtel.

17 años para el juicio final de Gürtel

El juicio final de Gürtel –referido a la “pieza principal” centrada en el dinero oculto al fisco– llega 17 años después de las primeras detenciones por la trama en 2008-2009. Comenzó con la denuncia en 2007 de un concejal del PP madrileño, José Luis Peñas, cuyas 18 horas de grabaciones destaparon una red de sobornos a cambio de contratos públicos. Las primeras operaciones policiales estallaron en 2009, con la detención de Correa, Crespo y varios alcaldes del PP, dando pie a un gigante judicial que obligó a fragmentar el caso en numerosas piezas. La instrucción de la causa inicial se prolongó cerca de diez años antes del juicio, reflejando la enorme complejidad del sumario.

Ahora, este último proceso –que se celebrará entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre– pone el broche a la macrocausa tras más de tres lustros de investigación. La Fiscalía Anticorrupción afronta la vista con buena parte de los acusados habiendo confesado los hechos para lograr atenuantes, lo que podría agilizar el desarrollo del juicio. No obstante, se mantiene la petición de penas ejemplares para los cabecillas: la Fiscalía solicita 77 años de prisión para Correa y otros 77 para Crespo por una veintena de delitos fiscales, blanqueo y falsedad.

Este epílogo judicial coincide temporalmente con otras causas pendientes, pero tiene un significado histórico: supone cerrar el caso de corrupción política más grande de la democracia española, cuyo eco político llegó a derribar al Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 mediante una moción de censura.

Comisiones millonarias y un fraude fiscal masivo

La trama Gürtel operó entre 1999 y 2009, tejiendo una red de empresas que amañaban concursos públicos a cambio de sobornos y cobraban sobrecostes en eventos y contratos, especialmente en las comunidades de Madrid y Valencia. Según las investigaciones, los implicados se repartieron alrededor de 30 millones de euros en comisiones ilegales por adjudicaciones amañadas. Francisco Correa, como intermediario principal, llegó a obtener más de 30 millones de euros de beneficios ilícitos, que ocultó al fisco mediante una compleja estructura de sociedades pantalla en paraísos fiscales.

Este entramado incluía cuentas opacas en Suiza, Mónaco, Panamá y otros destinos, con el objetivo de blanquear las ganancias y eludir su control por Hacienda. De hecho, Correa no presentó declaración de la renta durante al menos una década, lo que implica un fraude tributario superior a 24,8 millones de euros entre 2000 y 2007. Parte de esos fondos negros se manejaron a través de la célebre cuenta “Soleado” en Suiza, gestionada por el fiduciario Arturo Fasana, donde supuestamente también ocultaban dinero otras personalidades. Esta evasión fiscal masiva permitió a la red Gürtel enriquecerse sistemáticamente a costa de las arcas públicas, sobornando a funcionarios y cargos del PP para burlar la ley de contratos.

La consecuencia es un grave quebranto económico: en este último juicio, el tribunal calcula que las responsabilidades económicas reclamadas a los acusados (impuestos evadidos, multas e intereses) superan los 199 millones de euros. Correa, en un intento de reparar parcialmente el daño, accedió a repatriar 20,7 millones de euros bloqueados en sus cuentas suizas para cubrir indemnizaciones y responsabilidades civiles.

Decenas de políticos y empresarios condenados

A medida que avanzaron los juicios de Gürtel, quedó al descubierto la extensión de la trama dentro del PP. Decenas de cargos públicos –desde alcaldes y concejales hasta exconsejeros autonómicos– fueron implicados, al igual que empresarios beneficiarios. En total, 94 personas han sido condenadas por el caso, incluyendo a antiguos altos cargos populares y colaboradores de Correa.

Las distintas sentencias (22 en total, contando varias confirmaciones del Tribunal Supremo) han impuesto penas acumuladas que superan los 750 años de cárcel, una cifra sin precedentes en una causa de corrupción. La sentencia histórica de mayo de 2018 sobre la Primera Época de Gürtel (1999–2005) ya supuso un hito: el tribunal condenó a 29 de los 37 acusados, con penas que sumaron 351 años de prisión. Francisco Correa recibió entonces la mayor condena individual, 51 años de cárcel, seguida por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años) y Pablo Crespo (37 años y medio).

Otro nombre clave, el extesorero Luis Bárcenas, fue sentenciado a 33 años de prisión y a pagar multas por más de 44 millones de euros debido al dinero opaco acumulado en la llamada “caja B” del PP. Incluso una exministra, Ana Mato, resultó salpicada: fue declarada partícipe a título lucrativo y obligada a reintegrar 27.857 euros en gastos personales que sufragó la trama. En aquella primera sentencia, la Audiencia Nacional dejó probado que el Partido Popular se benefició de Gürtel en forma de pagos de campañas electorales, fiestas y hasta la reforma de su sede central con dinero negro.

Por primera vez en la democracia, un partido fue condenado por corrupción: el PP tuvo que pagar 245.000 euros de multa como beneficiario lucrativo de la red. La repercusión política fue inmediata: una semana después de conocerse ese fallo, el 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy perdió la presidencia del Gobierno al prosperar la moción de censura fundamentada en los hechos de Gürtel.

Trece piezas judiciales y un coste político incalculable

El caso Gürtel se fragmentó en trece piezas para poder enjuiciar adecuadamente todas sus ramificaciones. Entre los procesos más destacados están la citada Primera Época; la pieza de Boadilla del Monte, referente a otro núcleo de corrupción municipal en Madrid; la trama valenciana (Caso Orange Market), que destapó la financiación ilegal de campañas del PP en Valencia; y la pieza de la caja B, que juzgó la contabilidad paralela del PP. Hasta la fecha se han celebrado 11 juicios relacionados con Gürtel y dictado 22 sentencias, incluidas ocho del Tribunal Supremo que confirmaron o ajustaron condenas.

Algunas derivadas acabaron recientemente: por ejemplo, el expresidente valenciano Francisco Camps, procesado por recibir regalos de la red, fue finalmente absuelto en 2024 por falta de pruebas. En cambio, la mayoría de los acusados han optado por la colaboración con la justicia: más de 50 implicados cerraron acuerdos de conformidad con la Fiscalía en los distintos juicios, confesando sus delitos a cambio de reducciones de pena. La propia dinámica del caso ha evidenciado la profundidad de la corrupción: la red llegó a deducir en su contabilidad interna los sobornos a políticos como si fueran gastos de empresa, normalizando así prácticas ilegales.

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