El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una nueva investigación a Juan Carlos Peinado, magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez. El pasado mes de abril, Felix Bolaños declaraba como testigo ante el juez Peinado por la contratación de la asesora de Moncloa que realizó gestiones para los negocios privados de Begoña Gómez. El ministro presentaba posteriormente una queja a raíz de este interrogatorio, que ahora ha decidido analizar el órgano judicial.
El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, mantiene abiertas unas diligencias informativas sobre Peinado, tal y como informa El Confidencial. El órgano se encuentra comprobando qué es lo que ocurrió durante la declaración del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Y es que Bolaños presentó una queja antes del verano que fue ampliada después de que el Tribunal Supremo rechazara las intenciones del magistrado de investigar al político por presuntos delitos de malversación y falso testimonio.
El interrogatorio que ahora se analiza se celebró el pasado mes de abril en el despacho de Bolaños, en el Palacio de la Moncloa. La comparecencia se presentó tensa desde el primer momento y, de hecho, el rumbo no cambiaría. Entre algunos de los momentos más tirantes entre el magistrado y el ministro, los reproches de Peinado ante la sonrisa de Bolaños: "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa", le reprochó.
La 'cita' se convirtió en una hora y media de tiras y aflojas, que culminaron en la puesta en duda de Peinado de las respuestas del político: "Me está usted contestando de una manera que no es como se admite en sede judicial… Es una forma de contestar con evasivas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla como negarse a contestar…".
Esta comparecencia fue el detonante para que Peinado pidiera formalmente al Tribunal Supremo que investigara al titular de Justicia porque consideraba que incurrió en dichos delitos por la contratación de Cristina Álvarez -exasesora de Begoña Gómez-, que se hizo cuando era secretario general de la Presidencia, en 2018. Además de un presunto delito de malversación, Peinado le atribuía falso testimonio durante el mencionado interrogatorio.
Sin embargo, el pasado 15 de julio, el Supremo rechazaba la petición del magistrado y lo acusaba de buscar la imputación al ministro sin pruebas, alegando únicamente el cargo que ostentaba Bolaños en ese momento: “La mera detentación de un cargo público y el desarrollo de sus funciones no puede suponer una atribución automática y objetiva de una conducta de apropiación del patrimonio público, ni de una omisión que permita que otra persona se apropie del mismo”. Es decir, el Tribunal afirmó en un auto que no contenía un "mínimo respaldo indiciario" en su contra, ni tampoco "una imputación de delito suficientemente individualizada".
Pese a su desestimación, esta petición del juez fue la que provocó que se ampliara la queja presentada por Bolaños ante el CGPJ, según apuntan las fuentes consultadas por el citado medio.
El juez Peinado cita como investigada a Begoña Gómez por presunto delito de malversación
El pasado 18 de agosto, el juez Peinado citaba a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez, así como a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para los próximos 11 y 10 de septiembre respectivamente, por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la contratación de Álvarez para la ejecución de tareas privadas de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El magistado se apoyaba en un auto de la Audiencia Provincial del pasado 12 de junio que planteaba "qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar". De la misma manera, la Sección 23 de la AN sostenía que "la investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
“Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno, la medida consistente en conocer el registro de llamadas entrantes y salientes y los concretos destinatarios resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas, que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención, sirviendo de ejemplo la declaración del Vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez Rodríguez, añadiendo que ésta última era la persona de confianza ya que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los Correos”, reza dicho auto.
Las reacciones a esta citación no se hacían esperar. Desde el Ejecutivo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, enmarcaba esta decisión en una "campaña de acoso" al líder del Ejecutivo, quien, en sus palabras, "está sometido a una campaña de acoso desde múltiples ámbitos y desde hace muchos meses porque no son capaces de derrotarle en las urnas y porque sus políticas están siendo buenas para España".
Por su parte, el ministro Óscar López se mostraba "indignado" porque Peinado está llevando a cabo una causa "prospectiva" que "va mutando": "No puede haber investigaciones prospectivas, no se le puede investigar a una persona por ser esa persona y buscar distintas causas hasta que encuentre una", decíam recordando que la Justicia "tiene que ser igual para todos".