Un catedrático en Derecho Constitucional sentencia el fallo del Supremo contra García Ortiz: "Delirio jurídico"

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha compartido su visión sobre la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hacía el pasado viernes, en una intervención en el programa de TVE, Mañaneros 360, presentado por Adela González y Javier Ruiz.

Pérez Royo aparece habitualmente en emisiones de informativos en televisión para ofrecer sus conocimientos sobre el terreno judicial. En esta ocasión, ha opinado sobre el fallo que inhabilita a Ortiz durante dos años, además de obligarle a pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, el jurista ha defendido que el Supremo “tenía muchas prisas por condenar y hacerlo público” y, por el contrario, “ningún interés en explicar” la condena. Pérez Royo ha calificado de “tremenda” la celeridad con la que se ha llevado a cabo la sentencia. Así mismo, también reflexiona sobre las intenciones que han motivado al tribunal para no dar a conocer las razones que han conducido al veredicto. “Quiere que sepamos nada más que la condena”, ha subrayado.

En este sentido, el catedrático de la Universidad de Sevilla critica la omisión de la deliberación que culmina en el mencionado y polémico fallo, razones que “veremos en qué momento las dará” y que “no tienen ningún interés en explicarlas”, tachando este episodio judicial de “anomalía”.

Según el experto, esta conducta tiene una explicación que radica en lo ideológico para servir como instrumento político y que, de jurídico, “no tiene nada”. Para que el veredicto se pueda considerar legítimo debería estar fundamentado en algo que hasta el momento se desconoce y que “estamos desando ver”.

“Yo adelanto que no hay fundamentación jurídica”, afirma Pérez Royo, argumentando que dichos fundamentos no existen, dado que “no hay indicios”. Además, el jurista vaticina que esta sentencia será “anulada” en un futuro, por lo que intuye que el Tribunal Supremo está “jugando con el tiempo”.

Entre tanto, Pérez Royo ve una clara vulneración de derechos en este proceso judicial, pero especialmente dos “gravísimas”, el derecho a la presunción de inocencia y la imparcialidad del órgano judicial, añadiendo que este último “no puede quedar” sin ser señalado. En definitiva, el colaborador define que lo presenciado en el Tribunal Supremo el pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, es un “delirio jurídico incompatible con el Estado de Derecho”.